César Rohón (PSC) participa en la sesión virtual del Pleno que se realizó ayer, 1 de mayo del 2020. Foto: cortesía Asamblea
En tres facciones se dividió el Pleno de la Asamblea durante el primer debate de la Ley de Apoyo Humanitario. Aunque el proyecto incluye reformas laborales, fueron las contribuciones las que acapararon la discusión.
De las cinco fuerzas políticas que dominan el Parlamento, la postura más radical fue del Partido Social Cristiano (PSC), que no votará para nuevos impuestos.
Creo asumió una posición intermedia. Homero Castanier, uno de sus 18 integrantes, planteó que para los aportes se tomen en cuenta los salarios desde USD 2 500.
En una tercera vía, hubo coincidencias entre Alianza País (AP) y asambleístas independientes, para que la tabla sea aplicada de modo progresivo desde los sueldos de USD 1 000 o USD 1 500, por nueve meses.
No obstante, sin Creo el oficialismo y los bloques de minorías no reúnen los 70 votos para la aprobación del proyecto cuando vaya a segundo debate y votación.
La propuesta de Ley del Ejecutivo puso como base los salarios de USD 500, pero el informe de la Comisión de Desarrollo Económico recomendó que se lo haga desde los USD 720.
El presidente de la Comisión, Esteban Albornoz (AP), dijo que con esta alternativa se recaudarán USD 882 millones de 866 000 trabajadores. Con la del Ejecutivo, USD 901,12 millones de 1 327 430 empleados.
Otros USD 516 millones se generarían con el cobro de una contribución humanitaria del 5% a las empresas cuyas utilidades superaron el USD 1 millón en 2019. Albornoz aseveró que ese aporte involucraría a 1 474 sociedades, que equivalen al 1,2% de las 119 789 que hay en el país.
El independiente Raúl Tello pidió que se cree un fideicomiso para la administración de los fondos, del que participe la Comisión cívica anticorrupción. El propósito es que vayan a salud, alimentación y a evitar despidos de trabajadores.
Aunque el informe de la Comisión recomendó que los aportes de las empresas sean créditos tributarios desde 2022, Héctor Yépez (Creo), Elio Peña (PK) y Freddy Alarcón (BADI), expresaron su desacuerdo.
Además, el correísmo coincidió con el PSC en la idea de un juicio político al ministro de Finanzas, Richard Martínez, a quien acusaron de “mentir” al país sobre el pago de bonos relacionados con la deuda externa.
En lo que estos bloques discreparon fue en la propuesta de Cristóbal Lloret, de la Revolución Ciudadana, de plantear un impuesto del 2% a las empresas relacionadas con paraísos fiscales. El bloque de Creo también lo catalogó de inconstitucional.
Eddy Peñafiel, de Pachakutik, propuso una contribución única sobre patrimonios de empresas naturales y jurídicas de manera progresiva: desde el 1% para aquellas fortunas entre USD 1 000 000 y 10 000 000 hasta el 3% desde 100 000 001 en adelante.
La coordinadora de AP, Ximena Peña, pidió que el proyecto establezca “un mínimo control” para la salida de divisas. “Los números de este año 2020 nos muestran que han salido del Ecuador USD 829 millones de nuestra economía”, dijo.
Otros legisladores presentaron propuestas como el cobro a los deudores del fisco, eliminar la cuota política del servicio exterior o eliminar las pensiones vitalicias de los exmandatarios como medidas para paliar la crisis derivada del covid-19.
Asimismo, hubo quienes cuestionaron la constitucionalidad de las reformas laborales, que incluyen la reducción emergente de la jornada de trabajo hasta un 50% y un contrato especial de emergencia por dos años.
El primer debate, que se dio entre las 16:00 y 23:00 del jueves y que se retomó ayer, 1 de mayo del 2020, a las 09:30, no estuvo exento de roces. Los del correísmo acusaron a los de Creo de defender los intereses de la banca, mientras estos les responsabilizan de la aguda crisis económica que atraviesa el país. La jornada se vuelve a retomar hoy, 2 de mayo, a las 10:30.
