Autoridades del sector financiero, de compañías y otras acudieron ayer a la Defensoría del Pueblo. Foto: Flickr / Defensoría del Pueblo
La Superintendencia de Bancos anunció ayer, miércoles 31 de octubre del 2018, que inició procesos de sanción a nueve bancos privados por cobros indebidos.
Las instituciones financieras deberán presentar sus descargos, anunció el superintendente de Bancos, Juan Carlos Novoa.
El funcionario dio esta información en el marco de la audiencia convocada por la Defensoría del Pueblo. A la cita también acudieron Víctor Anchundia, superintendente de Compañías; Christian Ruiz, superintendente de Control del Poder de Mercado; David Padilla, coordinador jurídico del Ministerio de Finanzas; la relatora de la Comisión de Régimen Económico, Fernanda Racines; y otros.
Paulina Murillo, adjunta de Usuarios y Consumidores de la Defensoría de Pueblo, explica en los estudios de diario EL COMERCIO el paso a paso para que los usuarios reclamen por débitos bancarios no autorizados.
Novoa anunció que “la próxima semana empezarán procesos de sanción a más bancos, de acuerdo a las auditorías que este momento realiza el ente de control.
El organismo de control, además, instruyó ayer al sistema financiero que acate la resolución 430, publicada ayer por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, que “blinda” la obligatoriedad de tener la autorización del clientes antes de realizar cobros no relacionados con costos bancarios.
La norma también señala que las devoluciones de los débitos no autorizados deberá ser reitegrados a los clientes con intereses.
Clientes del sistema financiero han denunciado las últimas dos semanas cobros no autorizados por parte de la banca por servicios de asistencia. Estos se relacionan con servicios médicos, odontológicos, seguro de desgravamen, asesoría, etc.
La ‘Súper’ ha recibido las quejas a través de la línea 1 800 indebidos (463324) y formularios físicos y en línea. Entre enero y septiembre ingresaron 51 218 reclamos por cobros bancarios. De ellos, el 71,66% fue por servicios no financieros y el resto por cobros bancarios. Pero desde octubre se registró un ‘boom’ de quejas, que llegó a 18 422. De ellas, 17 106 fueron por servicios no financieros.
Novoa explicó que el 29 de octubre envió una propuesta de reforma legal al Código Monetario para reforzar las atribuciones de la Superintendencia en la supervisión bancaria. De igual modo se busca reforzar el control de otras superintendencias para el control de las empresas de servicios de asistencia.
La defensora del Pueblo, Gina Benavides, recordó a las autoridades que asistieron a la audiencia, que la Ley de Defensa del Consumidor prevé la existencia de contratos de adhesión como un requisito indispensable para este tipo de servicios. “Si el ciudadano no cuenta con esta información, efectivamente se están vulnerando sus derechos”.