9 de diciembre de 2018 00:00

Las bancadas discrepan sobre contribuciones a organizaciones políticas

Norma Vallejo, durante su último discurso ante el Pleno de la Asamblea. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

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Roger Velez
Redactor (I)
política@elcomercio.com

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En las bancadas legislativas sigue el debate en relación a los aportes que realizan los militantes a las organizaciones políticas. Eso, tras la renuncia de María Alejandra Vicuña a la Vicepresidencia y a casi un mes de que fuera destituida la oficialista Norma Vallejo.

Ambos casos se encuentran en investigación de la Fiscalía, pero el relacionado con Vicuña tuvo un tropiezo el miércoles pasado (5 de diciembre del 2018) debido a que no se presentó Ángel Sagbay, el exasesor que mediante una declaración juramentada la acusó de cobros indebidos cuando era asambleísta hace seis años.

Sobre Vallejo, el jueves pasado la fiscal subrogante, Ruth Palacios, solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que se fijara día y hora para la audiencia de formulación de cargos en contra de la ahora exasambleísta.

Vallejo afronta una investigación por el supuesto delito de concusión, tras denuncias presentadas en su contra en la Fiscalía por parte de exasesores que la acusaron de descontarles parte de su sueldo.

En su defensa, la exlegisladora adujo que se trataba de aportaciones para Alianza País (AP), contempladas en el Código de la Democracia. La Asamblea terminó por destituirla por haber gestionado un cargo público para un excolaborador.

Entre los legisladores del partido de Gobierno la posición no ha cambiado. Creen que se debe diferenciar los aportes voluntarios como adherentes a ese movimiento político de los cobros indebidos, que deben investigarse en las instancias judiciales.

“Mientras sea voluntario, mientras estos recursos se depositen en cuentas de Alianza País, como dice la ley, creo que no hay inconveniente”, manifestó César Litardo, uno de los coordinadores del bloque.

Litardo consideró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debería tener una regulación sobre el uso de esos recursos, ya que deben ser utilizados para las actividades políticas de los partidos y movimientos.

El artículo 359 del Código de la Democracia contempla que haya aportes voluntarios, pero que no pueden pasar de las 200 canastas básicas, los cuales deben ser registrados y transparentados en la página web de la organización política.

Por parte de la Izquierda Democrática, Wilma Andrade aseguró que los dineros se manejan en apego al reglamento de uso del fondo partidario.
Sostuvo que tienen una cuenta única en la que se registran tanto los aportes de orden público como privados y se establece su destino específico.

En cambio, Homero Castanier, coordinador de la bancada de Creo, subraya que esta organización política no tiene “ningún mecanismo de recolección de dineros” y menos en la Asamblea. “Las campañas políticas han funcionando sí con aportes de amigos, de amistades… y al final de las auditorías que se han hecho hemos demostrado que las aportaciones han estado debidamente respaldadas, incluso con facturas”, aseveró.

Henry Cucalón, jefe del bloque del Partido Social Cristiano (PSC), no concuerda con Eliseo Azuero, del Bloque de Integración Nacional (BIN), en que “hay que entrar a reformar rápidamente” el Código de la Democracia para evitar los cobros indebidos.

“Aquí no hay ningún vacío en la ley, hay vacíos morales”, enfatizó Cucalón, quien sostiene que “si una persona de manera voluntaria aporta libremente porque cree en un partido político, es lo más sano ”.

José Cabrera, vocal del CNE, explicó que los aportes a los partidos o movimientos políticos legalmente calificados deben ser reportados al organismo 90 días después de un proceso electoral con los respaldos correspondientes. Sin embargo, dijo que planteará una reforma para ejercer un mayor control.

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