Madrid, DPA
El juez español Baltasar Garzón se sentará en el banquillo de los acusados por haber presuntamente prevaricado en su investigación de las desapariciones de la Guerra Civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975).
El magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela dio hoy el último paso necesario para que se pueda juzgar a Garzón: un auto en el que transforma en procedimiento abreviado las diligencias abiertas contra el juez.
Esto significa que Garzón, de 54 años, será procesado en el momento en el que los querellantes, tres organizaciones de ultraderecha, presenten acusación contra él.
El plazo de tiempo que tienen para hacerlo es de diez días.
El auto notificado por Varela supondrá además la inmediata suspensión cautelar de Garzón en sus funciones.
Así, el juez español más conocido internacionalmente tendrá que abandonar, al menos hasta que se resuelva este asunto, el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional española, desde el que persiguió al ex dictador Augusto Pinochet y a represores de la dictadura argentina y desde el que también ha asestado importantes golpes a ETA y su entorno.
De ser encontrado culpable en un juicio, Garzón podría quedar inhabilitado por un período de entre 12 y 20 años.
La querella contra él fue interpuesta por tres organizaciones de ultraderecha: el autodenominado sindicato Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y la Falange Española de las JONS, heredera del partido único en el que se asentó la dictadura del general Francisco Franco.
Según los demandantes, Garzón se declaró competente en 2008 para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo, incurriendo de esta forma en un delito de prevaricación.
El juez Varela piensa lo mismo que ellos: en febrero ya sostuvo que las resoluciones dictadas por Garzón “son objetivamente contrarias a Derecho” y acusó a su colega de decidir “conscientemente ignorar u orillar” la Ley de Amnistía de 1977.
La Fiscalía, sin embargo, se ha mostrado reiteradamente contraria a sentar a Garzón en el banquillo al no ver indicios de delito en su proceder.
En su auto de hoy, Varela denegó además a Garzón las pruebas que había solicitado, entre ellas las declaraciones de juristas internacionales como el chileno Juan Guzmán o la ex fiscal del Tribunal Penal Internacional Carla del Ponte, además de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional. En su procedimiento penal contra el franquismo, Garzón acusó a Franco y a otros 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ellos ya fallecidos, de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de 100.000 personas durante esa etapa de la historia de España.
En noviembre de 2008, un mes después de abierta la causa, tuvo que abandonar la investigación, al verse confrontado con un contundente recurso de la fiscalía. Su abandono fue un duro golpe para los familiares de los decenas de miles de víctimas.
La investigación pasó entonces a manos de los distintos juzgados territoriales del país, donde permanece actualmente. Garzón puede recurrir la decisión tomada hoy por Varela, si bien es cierto que hasta el momento se han rechazado todos los recursos presentados por el magistrado de la Audiencia Nacional.
La última vez fue el 25 de marzo, cuando el Tribunal Supremo concluyó que la causa contra Garzón debía seguir adelante.
El magistrado tiene otras dos causas pendientes por prevaricación ante el Tribunal Supremo, si bien ésas se encuentran aún en fase de instrucción.
Una es por unos supuestos pagos que percibió del Banco Santander para la organización de unos cursos en la Universidad de Nueva York y otra por la interceptación de comunicaciones de algunos de los imputados en prisión por el “caso Gürtel”, el escándalo de corrupción que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy desde hace un año.