4 de febrero de 2020 23:19

Los gremios de educación particular piden cambios en prueba para bachilleres

Imagen referencial. Ajustes al Ser Bachiller, que es el examen de grado para los colegiales, y un método para acceder a cupos en las instituciones de educación superior públicas, se puso en marcha desde enero de 2020. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Imagen referencial. Ajustes al Ser Bachiller, que es el examen de grado para los colegiales, y un método para acceder a cupos en las instituciones de educación superior públicas, se puso en marcha desde enero de 2020. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Elena Paucar

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Las observaciones a la prueba Ser Bachiller también surgen desde los gremios de la educación media particular. Tres organizaciones, que agrupan a establecimientos privados de Costa, Sierra y Amazonía, proponen el diseño de nuevos mecanismos para evaluar el desempeño del currículo dictado por el Ministerio de Educación, sin que esa valoración implique una nota para la graduación de los alumnos de bachillerato ni un puntaje para que accedan a la educación superior.

Rodolfo Rendón, miembro del directorio de la Corporación Ecuatoriana para la Calidad de la Educación (Corpeducar), asegura que es necesario revisar la conformación de la prueba Ser Bachiller. A su criterio, está integrada por preguntas “de memoria, de opción múltiple”, que dejan a un lado la capacidad de razonamiento que inculcan entre los estudiantes. Además afirma que no está conectada con el perfil de egreso de los bachilleres.

“Una misma prueba sirve para el grado y para ir a la universidad. Pero los dos perfiles no están, de alguna forma, coordinados. ¿Cómo puede servir una misma prueba para dos cosas que están desconectadas en este momento?”, cuestiona.

La sugerencia del gremio es eliminar la prueba, retomar los exámenes de grado para el término del bachillerato y que las universidades vuelvan a implementar sus sistemas de admisión, mediante evaluaciones según sus perfiles de ingreso y cursos preuniversitarios.

“No se puede conculcar el derecho del estudiante de acceder a la carrera de sus sueños por una nota”, dice Alba Arreaga, representante legal de la Unidad Educativa La Providencia, de Guayaquil. Por ello propone la instalación de mesas de trabajo, integradas por profesionales de la educación, para analizar posibles alternativas.

A través de un manifiesto público, el gremio también plantea la creación de un “organismo técnico y autónomo de evaluación”, independiente del Ministerio de Educación.

Sin embargo, Miguel Eduardo Egas, director estratégico de Logos Academy, considera que la controversia generada por supuestas irregularidades en la prueba Ser Bachiller es solo “la fiebre”, una de las tantas manifestaciones de los problemas que afronta el Sistema Nacional de Educación.

“Estamos dispuestos a apoyar un plan de educación como país, que todos los gobernantes de turno respeten, sin ideología política”. La propuesta sería similar a lo que fue el Plan Decenal de Educación, aprobado en 2007.

El objetivo, según Egas, es contar con un contexto educativo más flexible, que permita a las instituciones particulares innovar e incorporar metodologías externas a sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero los directivos del sector afirman que una de las trabas es el congelamiento de pensiones y matrículas.

Esa disposición se aplicó en 2019 en el ciclo Sierra. Este martes 4 de febrero de 2020, durante una entrevista televisiva, la ministra de Educación, Monserrat Creamer, reiteró que la medida se mantiene.

“Se realizará un nuevo sistema de regulación para las instituciones particulares. Los valores de pensión y matrícula no se pueden incrementar. Las instituciones que no han acatado esta disposición han sido sancionadas”, citó la cuenta Twitter del Ministerio de Educación.

Pero los particulares piden en su manifiesto que el Gobierno desista del proyecto de congelamiento. "Que se respete la realidad de cada institución en su diversidad y complejidad; que no se afecte la sostenibilidad de las instituciones pequeñas ni a los procesos de innovación, mejora continua a la calidad y a la inversión en infraestructura física y tecnológica", cita el documento.

A esto Víctor Hugo Calderón, director corporativo de la Unidad Educativa Lemas, añade los problemas por el aumento de la morosidad de los planteles educativos, generados, según el gremio, por "privilegios" otorgados a los representantes de los estudiantes.

"Creemos que el Estado tiene que regular, por supuesto; pero también debe permitirnos trabajar en igualdad de condiciones". Los representantes de los planteles particulares aseguran que algunos establecimientos sumarían carteras vencidas de hasta 40% de morosidad, que habrían causado su cierre.

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