Redacción Guayaquil
Los Juzgados de Contravenciones y Delitos Flagrantes comenzaron ayer sus operaciones en medio de cuestionamientos. Una mujer fue la primera en presentar su queja, cuando el juez vigésimo sexto, Ubaldo Macías, en su primera audiencia liberó a Christian Ch., quien supuestamente intentó robar su casa.
El judicial lo condenó a pagar USD 4 de multa por ese hecho, que fue considerado una contravención de primera clase. “Es algo ilógico. Tenía un cuchillo y todas las cosas empacadas, me siento perjudicada… El ladrón salió libre y temo por mi vida y la de mi familia”, dijo la mujer.
Su abogado defensor, Jorge Yunda, sostuvo que la acción delictiva fue mal tipificada por los operadores de justicia. “Hay agravantes y es un delito de robo agravado que se sanciona con reclusión de tres a seis años. El juez pudo haberse inhibido para que sea tratado como un delito de acción privada…”, afirmó Yunda.
Pero Macías justificó su resolución argumentando que la Fiscalía solo reconoció el hecho como una contravención. Agregó que en la audiencia no intervino ningún fiscal y ni siquiera hubo un parte de detención. “Yo juzgué con lo máximo que establece la Ley para ese tipo de acciones que son de USD 2 a USD 4… No podía hacer más”.
Néstor Arbito, ministro de Justicia; y Mariela Dávila, directora provincial del Consejo de la Judicatura, mostraron su preocupación por el tema. Ellos acudieron a la inauguración de los tres nuevos juzgados, que funcionan en las instalaciones de la Policía Judicial. Pero reconocieron que el juez aplicó la normativa legal que está vigente.
“La actuación del juez debe ser analizada por parte del Consejo de la Judicatura, en caso de haber anomalías, aplicarle la sanción que corresponda…”, manifestó Arbito.
Dávila precisó que actualmente hay 400 denuncias contra funcionarios judiciales cuestionados que están en trámite desde enero pasado.
Los nuevos juzgados atenderán las 24 horas, todos los días, en turnos de ocho horas.
En Quito también se crearon tres juzgados de flagrancia.