Los avicultores regalaron huevos para incentivar su consumo. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO
Los avicultores de la Sierra Centro realizaron un plantón en las afueras de la Gobernación de Tungurahua este lunes 14 de enero del 2019. Ellos protestaron por el alto costo del quintal de maíz y el ingreso de huevos en forma ilegal de Perú, lo que les impide competir en el mercado nacional.
Con carteles en la mano solicitaron a las autoridades que se respete el precio del grano de maíz que está en USD 17,20. Según los productores, al momento se comercializa en USD 19 afectando a las avícolas entre grandes, medianas y pequeñas del país. También regalaron huevos a los transeúntes con la idea de incentivar el consumo.
“Estamos por debajo del precio de producción que está entre USD 2,40 y 2,50 por la cubeta, pero en el mercado el costo llega a USD 2. Es una pérdida que estamos afrontando y por eso pedimos a las autoridades que nos ayuden caso contrario nos quedaremos en la desocupación”, dijo Luis Poaquisa, presidente de la Asociación de Productores Pecuarios de la Sierra Central (Asopec).
El sector avícola protestó en la Gobernación de Tungurahua. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO
Explicó que el precio de los huevos bajó por una supuesta sobreproducción, pero la realidad es el contrabando. Afirmó que realizaron un análisis para determinar cómo los comerciantes cruzan las fronteras con este producto. “Introducen los huevos porque cambian el color de cubetas y lo hacen pasar como producto ecuatoriano, falta control de las autoridades”.
Posteriormente se reunieron con José Romero, gobernador de Tungurahua. Dijo que realizará reuniones con el sector avícola en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para viabilizar alternativas de solución, especialmente que se cumpla con el precio de comercialización del maíz que favorezca a los pequeños productores.
Anunció el control del precio del maíz e iniciar operativos con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y Policía Nacional en los principales centros de abastos de la provincia.