Los informes no vinculantes fueron preparados por la Comisión del Desarrollo Económico y fueron debatidos durante una reunión del Pleno a la que acudieron 100 de 137 asambleístas. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
En la víspera de que termine el plazo que tenía para pronunciarse, la Asamblea Nacional resolvió sobre las observaciones que realizó el Ejecutivo a las reformas de la Ley de Servicio de Energía Eléctrica y las reformas a la Ley de Aviación Civil.
En ambos casos, los informes no vinculantes fueron preparados por la Comisión del Desarrollo Económico y fueron debatidos la noche del jueves 13 de junio de 2019 durante una reunión del Pleno a la que acudieron 100 de 137 asambleístas.
Los asambleístas se ratificaron en el artículo que dispone que, en el caso que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) requieran que una empresa eléctrica brinde el servicio de recolección de las tasas por el servicio de recaudación de basura, el valor se deberá detallar de manera separada a la planilla eléctrica.
En cuanto al veto de las reformas a la Ley de Aviación Civil, el Ejecutivo realizó cuatro observaciones, que fueron consideradas en el Pleno.
Sobre el artículo que dispone la emisión del reglamento para el funcionamiento, estructura, actividades, atribuciones y responsabilidades de la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos (JIA), el Presidente de la República, propuso que sea el ente rector del sector aeronaútico y aeroportuario el que emita el Reglamento.
La norma tiene por objetivo fortalecer la colaboración, independencia y autonomía de la JIA, tal como manda el Anexo 13 del Convenio de Chicago suscrito por Ecuador. Propone que la Junta salga del ámbito de la autoridad técnica aeronáutica (Dirección de Aviación Civil).
Otro objetivo, de la reforma a la Ley de Aviación Civil y al Código Aeronaútico, dijo Esteban Albornoz, es evitar la existencia de conflictos de intereses entre los miembros de la JIA e instituciones, empresas nacionales o extranjeras, vinculadas a los sectores aeronáuticos o aeroportuarios.
El Proyecto Reformatorio viabiliza la norma constitucional, que obliga al Estado a garantizar la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios.
Los dos proyectos de Ley, serán remitidos, en la próximas horas, al Registro Oficial para su respectiva publicación, informó la Asamblea.