10 de junio de 2019 00:00

31 autoridades nombradas en la transición

El Consejo de Participación transitorio designó a los consejeros suplentes del CNE, el 30 de enro del 2019. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

Mañana (11 de junio del 2019) se cumplirá la última sesión del Consejo Transitorio, tras 463 días en funcionesFoto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

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Andrés García
Redactor (I)

Esta semana terminará oficialmente la etapa de transición derivada de la consulta popular del 4 febrero del 2018.

Para el miércoles 12 de junio del 2019 se prevé que sean posesionados en la Asamblea los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Los consejeros transitorios, ahora encabezados por Eduardo Mendoza -tras el fallecimiento de Julio César Trujillo- anunciaron que mañana (11 de junio del 2019) cumplirán su última sesión para aprobar el mandato de cierre.

El Consejo Transitorio estuvo 463 días en funciones. Su tarea se dividió en dos etapas: evaluación de instituciones y designación de autoridades.
En los seis primeros meses el Cpccs-T cesó a 27 funcionarios, con base en informes “motivados” y cerca de 1 200 denuncias ciudadanas.

La falta de independencia de las entidades de control con la Función Ejecutiva, durante el Gobierno anterior, fue el principal argumento para cesar a las autoridades de sus cargos. También puso en evidencia los conflictos de intereses en la designación de funcionarios durante la década pasada.

En su segunda etapa, el Cpccs-T nombró a 31 nuevos funcionarios, a través de concursos de méritos y oposición, ternas enviadas por el Ejecutivo y listas de candidatos de todas las Funciones del Estado.

Este miércoles también terminan las “facultades extraordinarias” que el Mandato Popular aprobado en el plebiscito del 2018 le otorgó al Cpccs-Transitorio, para dar paso a la “reinstitucionalización del país”. Así lo subrayó el consejero Luis Hernández.

El funcionario evalúa positivamente la tarea realizada por el Consejo. Señala que en las designaciones se actuó con “independencia y se priorizaron los méritos y aptitudes para los nombramientos”.

Estos procesos no estuvieron exentos de críticas. Los miembros de la comisión técnica encargada de calificar los méritos de los aspirantes a la Defensoría Pública renunciaron. Finalmente, ese proceso quedó desierto. Tampoco se evaluó a la Contraloría General del Estado y se resolvió extender la subrogación de Pablo Celi hasta el 2022 o hasta que se defina la propuesta de crear un Tribunal de Cuentas.

A pesar de estos problemas, el analista político, Simón Pachano, cree que el Consejo Transitorio cumplió su tarea. El experto considera que la transición política no finaliza y que las nuevas autoridades deben lograr una verdadera “institucionalización”, evitando que se vuelvan a producir actos de corrupción.

Demandas

En total, ingresaron 13 acciones de protección al Consejo de la Judicatura por la actuación del Cpccs-T, entre marzo del 2018 y mayo de este año.

La última queja formal en el ámbito nacional por las designaciones del Cpccs la presentó Ivonne Coloma, quien fue nombrada jueza alterna del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Ella cuestionó que no se haya respetado la paridad de género en ese organismo.

La magistrada alterna interpuso una acción de protección en la Unidad Judicial de Trabajo, pero el recurso fue negado. Sin embargo, pidió una aclaración y asegura que apelará el fallo en la Corte Provincial. No descarta acudir a instancias internacionales.

La Red de Organizaciones de la Sociedad Civil también ingresó una denuncia ante el Relator de Independencia Judicial de la ONU. Cuestiona las designaciones y la postura de la Corte Constitucional (CC), que anunció que el nuevo Cpccs “no podrá revisar las decisiones tomadas en ejercicio de las atribuciones extraordinarias del Transitorio”.

María Paz Jervis, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad SEK, considera que el Consejo Transitorio hizo un esfuerzo jurídico y político para normalizar al Estado. La jurista afirma que la interpretación de la CC deja en claro que las competencias “amplias” que tuvo el Transitorio finalizan el miércoles, y que los siete nuevos consejeros tendrán las funciones ordinarias que establece la Constitución.

El constitucionalista, Ismael Quintana, señaló en una entrevista pasada que el Cpccs definitivo deberá actuar como parte procesal en denuncias de casos de corrupción, como lo establece la Carta Maga.

Hasta marzo, en el Cpccs-T se generaron 29 procesos, como resultado de la investigación. También se presentaron denuncias por proyectos emblemáticos del Gobierno anterior, como la Refinería del Pacífico, Manduriacu y la Reconstrucción de Manabí.

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