11 de September de 2009 00:00

Ausencia de la sociedad civil en los conflictos entre la UNE y los gobiernos

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El Diario EL COMERCIO publicó con ocasión del Bicentenario de la revolución quiteña, del 10 de Agosto de 1809, una serie de reportajes y análisis sobre la situación social, económica, política y cultural del Ecuador. En ese contexto, vale la pena reflexionar, de cara a la elaboración de la Ley Orgánica de Educación y la Ley de Educación Superior, que están en pleno debate.



Hacia lo  prospectivo
No podemos apostar a más de lo mismo. Es urgente terminar el círculo vicioso perverso: gobierno-gremio de profesores-salarios-manifestaciones-paralizaciones- sanciones… y nuevas pérdidas para todos.
En las próximas semanas el país deberá debatir sobre dos leyes claves: la Orgánica,  del Ministerio de Educación, y la de la Educación Superior.
El sempiterno litigio UNE-gobierno debe terminar, y comenzar a actuar la sociedad civil, una renovada sociedad civil, con la participación activa de los medios de comunicación social.
EducAcción está alineada en la dirección de un cambio con responsabilidad social.

La realidad

Uno de los puntos que no se pueden soslayar, en este lapso de 30 años de democracia, es la politización o partidización del sector educativo que, según varios estudios, han incidido en el desmejoramiento de la calidad de la educación nacional.

Las paralizaciones sucesivas del magisterio  son ejemplos claros de este retroceso, especialmente en la educación pública, y poca o ninguna intervención de la sociedad civil, que se convirtió en mera espectadora de un problema nacional, al ver enfrentados -casi siempre por motivos salariales- al gobierno de turno y al gremio de los profesores.

Responsabilidades

La culpa no es exclusivamente de la UNE y de su brazo político -el MPD-, aunque tienen mucha responsabilidad en el tema. No se trata de satanizar el problema y volverlo irresoluble. El Estado, los sucesivos gobiernos y sus líderes y la sociedad civil  han contribuido a esta debacle.

De manera que hay muchos responsables, y sobre todo la ausencia y miopía de la sociedad civil, constituida por padres de familia, organismos de la comunidad, los gobiernos locales y de quienes -pudiendo frenarla- dejaron que la mediocridad se institucionalice.   Por otro lado, se observa  la resistencia al cambio por parte de un grupo de docentes aupados por intereses políticos y aumentos salariales antes que pedagógicos.

Proyecto nacional

Las sucesivas evaluaciones a estudiantes en Lenguaje y Matemática, a través del modelo Aprendo, y las evaluaciones de los profesores -pruebas SER-  desnudaron esta situación, cuya gravedad no se resolverá con nuevas leyes o con medidas no negociadas, sino con un Proyecto Nacional de Educación consensuado.  

Las pérdidas han sido cuantiosas en lo económico -por los altos niveles de deserción y repetición-,  pero sobre todo en lo cualitativo, al comprobarse el progresivo deterioro de la educación pública,  desde la básica hasta la   universidad.  Los análisis realizados por las comisiones del Conesup y el Conea, a propósito del Mandato 14, de la Asamblea Nacional Constituyente, ratifican la gravedad del problema en lo atinente a la preparación del talento humano.

Los nudos críticos son evidentes: la inexistencia de un  sistema educativo nacional, articulado entre la escuela, el bachillerato y la educación superior ; la alta deserción y repetición escolares; el excesivo proceso de centralización, y la casi ninguna participación de los gobiernos locales -con excepción del Distrito Metropolitano de Quito-; la falta de rendición de cuentas; la ausencia de políticas públicas que integren el sistema educativo nacional  desarrollo, sin menoscabar la autonomía universitaria; la inexistencia de planes entre el Estado, la universidad y la empresa; y la investigación científica en porcentajes lamentables.

¿Y,  la sociedad civil?

PROPUESTA

El Estado docente, en Venezuela

El Gobierno venezolano dio en días pasados el ejecútese a la Ley Orgánica de Educación,  aprobada por la Asamblea Nacional. Esta Ley, según la oposición, otorga amplios poderes al Estado para incidir sobre la formación de los niños y jóvenes venezolanos.

Los 56 artículos de este cuerpo legal, en su conjunto fortalecen la intervención del Estado sobre toda la educación, sea pública o privada. Asume, por lo tanto, las competencias para la formación de los docentes y la producción de textos escolares.

La nueva Ley Orgánica de Educación de Venezuela, publicada en la Gaceta Oficial, hay que ubicarla en contexto; es decir, en función del proceso político que vive Venezuela.

Por este motivo,  ha sido reconocida como un elemento de transformación socialista. En ese sentido, está calificada como “emancipadora y liberadora”.

Un detalle curioso de  la Ley es la creación del “Estado docente”, que es “la expresión rectora del Estado en educación”, y se rige “por los principios de integralidad, cooperación, solidaridad, concurrencia y solidaridad”, según el Art. 5.

Recupera la función educativa de los medios y prohíbe la incitación al odio y a la violencia (Art. 50). Esta disposición es paradójica.
Pero hay aspectos positivos: “la educación regulada por la Ley se fundamenta en la doctrina del (…) Libertador Simón Bolívar, en la doctrina de Simón Rodríguez, en el humanismo social y está abierta a todas las corrientes del pensamiento”.

Sin embargo, el Art. 10 dice todo lo contrario, pues prohíbe a las instituciones educativas oficiales y privadas la difusión de ideas y doctrinas contrarias a la Soberanía Nacional y a los principios y valores consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La figura del “Estado docente” está pues omnipresente: es el que enseña, el que domina, el que orienta a los ciudadanos en una sola dirección. Se prohíben los disensos.

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