13 de junio de 2020 00:00

Auditoría a dos compras ejecutadas en la Empresa de Agua de Quito devela ‘irregularidades’ 

La Gerencia Financiera de la Empresa Agua de Quito fue allanada ayer, 12 de junio del 2020. Foto: Fiscalía

La Gerencia Financiera de la Empresa Agua de Quito fue allanada ayer, 12 de junio del 2020. Foto: Fiscalía

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Sara Ortiz
Redactora (I)

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La trama empezó el 29 de marzo. Por la mañana, a los correos electrónicos de la Empresa Metropolitana de Agua de Quito (Epmaps) llegaron dos proformas. Un día después, una tercera propuesta ingresó al buzón. Los documentos provenían de tres empresas y detallaban precios de gafas, trajes de bioseguridad y mascarillas.

Con base en esos valores, la Comisión Técnica de la empresa metropolitana hizo un estudio de mercado y determinó que las tres proformas tenían valores “ligeramente distintos” y se continuó con el proceso. Hoy todo es investigado y estos detalles están judicializados.

El primer y el segundo oferentes pedían USD 32 por cada traje de bioseguridad. El tercero los vendía en USD 30. Lo mismo ocurría con las gafas y las mascarillas: apenas 50 centavos de variación.

La Comisión concluyó que el valor más bajo era el que presentó una compañía asentada en Guayaquil.

Con esa resolución, el 9 de abril la Epmaps le adjudicó un contrato por USD 167 920. Por esa compra, cinco funcionarios son acusados por supuesto peculado. Entre los sospechosos está el gerente de la entidad, Guido Andrade, quien está preso desde el pasado 3 de junio.

Ahora, incluso la Contraloría estableció indicios de responsabilidad penal.
Una de las evidencias del supuesto ilícito gira en torno a las proformas. Según el ente de control, la Empresa Metropolitana de Agua solicitó los precios de los artículos a tres empresas que “están relacionadas entre sí”.

Este Diario cruzó información con la Superintendencia de Compañías y halló que las tres firmas registran como actividad principal la provisión de insumos médicos y tienen los mismos accionistas y directivos.

Registran 10 contratos con entidades del Estado, que suman USD 2,5 millones en ventas. Todos los acuerdos son para proveer equipos de protección e insumos sanitarios para atender el covid-19.

En la Epmaps, la Contraloría General determinó indicios de responsabilidad penal en un segundo proceso.

Este tiene que ver con la adjudicación del servicio de desinfección de las instalaciones, por USD 652 124.

Ayer, 12 de junio del 2020, la Fiscalía y la Policía allanaron las oficinas de la Gerencia Financiera de la Empresa. La idea era “recabar elementos que sustenten el proceso en curso”.

La Contraloría remitió un informe a la Fiscalía. La conclusión principal fue que “la Epmaps pagó en exceso USD 0,59 por metro cuadrado” de área desinfectada. Según el ente de control, el precio total tuvo una “diferencia no justificada” del 269%.

Además, los funcionarios a cargo de la compra no alertaron que en las bodegas existían en ‘stock’ productos químicos para desinfección, como hipoclorito de sodio.

“Sin embargo, se recurrió a la contratación del servicio y la provisión del químico PTDO2 para realizar esas tareas. No se justificó a auditoría, mediante estudios o informes técnicos, por qué se decidió utilizar ese producto”, señala el documento.

Según indagaciones, la Comisión Técnica que hizo el estudio de mercado pidió tres proformas, pero recibió dos y con base en ellas justificó el precio de la compra.

El primer oferente no tenía “como parte de su actividad comercial la prestación del servicio requerido, ni registró actividad económica entre el 2014 y el 2018”.

En cambio, el segundo oferente “no contaba con recursos operativos y financieros necesarios para garantizar el cumplimiento del contrato”.

La Contraloría indicó que el funcionario municipal a cargo de hacer un estudio de mercado obtuvo las proformas por medio de una tercera persona, que está relacionada con la firma ganadora.

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