7 de octubre de 2020 00:00

Carlos Murillo: 'El auditor externo de Ecuagran y Delcorp no dio las alertas sobre irregularidades de estas firmas en el mercado de valores'

Carlos Murillo, intendente de Valores. Foto: cortesía Scsv

Carlos Murillo,intendente nacional del Mercado de Valores. Foto: cortesía Scsv

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Evelyn Tapia
Redactora (I)

EL COMERCIO dialogó con Carlos Murillo, intendente nacional del Mercado de Valores sobre el caso Ecuagran y Delcorp.

¿Por qué se permitió que Ecuagran y Delcorp sigan en el mercado si en el 2019 ustedes sabían que emitían facturas de ventas que no eran reales? ¿Por qué no denunciaron en ese entonces esta irregularidad a la Fiscalía?

Una muestra de un kardex sirvió para que la Dirección de Control intervenga a Ecuagran en esa ocasión. Calificar todo este tema como ‘facturas falsas’ o ‘fraudulentas’ por una muestra de un kardex es una afirmación sin sustento. Había ventas, había inventarios. El auditor externo no hizo observaciones de irregularidades ni en 2018 ni en 2019. Se han usado términos como 'fraudulentas' o 'falsas' para calificar a las facturas, pero yo no las califico así. Estas facturas son debidamente autorizadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI), hay una licitud en la emisión de esas facturas. Segundo, la Superintendencia no aprueba emisiones de facturas ni autoriza emisiones de facturas, lo que existe es una inscripción automática del emisor de la factura, si alguien quiere negociar su factura, ingresa una solicitud de inscripción automática, eso viene acompañado de una casa de valores que conoce a su cliente y solicita la inscripción de la factura.


Pero, por esa irregularidad, Ecuagran estuvo intervenida por la Superintendencia. ¿Comprobaron que la empresa subsanó los balances para levantar la intervención?

Levantamos una intervención cuando está superada la causal que la motivó. Ellos demostraron que pagaron las facturas en el mercado y se levantó.

¿Por qué no comprobaron que se hayan corregido los datos de las facturas inorgánicas?

Nos basamos en la información de los auditores externos. En su defensa, las empresas dijeron que iban a hacer los ajustes contables y debieron hacerse. La auditora externa no observó nada respecto a inventarios y cuentas relacionadas.

¿Sabían que Delcorp estaban emitiendo facturas con Fertisolubles cuando no podían hacerlo? ¿No llamó la atención que esta última no tenía ni un año en el mercado?

No sabíamos quién era el comprador, sin embargo, luego, la Dirección de Control al ver que estas negociaciones estaban con Fertisolubles hace una investigación de oficio.

Actores del mercado de valores habían advertido mucho antes sobre estas irregularidades, ¿por qué no actuaron antes?


Ninguna bolsa nos informó por escrito ni denunció, más allá de una llamada de teléfono. Una señora apellido Barahona vino, no a presentar una denuncia por escrito, sino a informar que, de su análisis preliminar, no le cuadraban ciertas cosas en las negociaciones de las facturas. Se le dijo que también estábamos preocupados por el crecimiento significativo de las negociaciones de facturas y la Dirección de Control ya había iniciado investigaciones de oficio, teníamos abiertos 10 procesos. Entre esos estaban Delcorp y Ecuagran, y otra empresa de construcción que ya se ordenó la liquidación.

¿Con esas alertas por qué se permitió que las dos empresas sigan negociando en bolsa? Ahora están en default.


Cuando se solicitó la aprobación de las emisiones a largo plazo lo que querían las empresas era salir de esos pasivos elevados de corto plazo que los estaban asfixiando y se les puso condiciones: que el dinero sea para pagar los pasivos de corto plazo, que la plata no la iban a tocar, sino que iba a estar en un fideicomiso de administración de flujos que se iba a encargar de pagar pasivos, que debían tener una garantía específica y una garantía solidaria, entre otros.

Y en el caso de Delcorp se planteó, adicionalmente, que paguen una deuda de USD 7 millones en donde había un fideicomiso de garantía con la planta de Ecuagran. La idea era liberar la planta y que pasen a ser beneficiarios de ese fideicomiso los obligacionistas. Esas condiciones se pusieron, pero no se cumplieron.

Pusieron estas condiciones porque sabían del riesgo que había de que vuelvan a incumplir. ¿No era mejor advertir al mercado de los riesgos?

Es que las cifras mostraban que tenían activos suficientes para emitir. No había indicios de que las empresas estaban mal. Uno se apoya en los estados financieros auditados.

Hoy vemos que hubo irregularidades, que no se advertían tiempo atrás. Fue cuando ya no cumplieron las condiciones de la emisión, cuando la Superintendencia se enteró de que estos señores habían salido del país. Ellos dijeron que se fueron a conseguir crédito y a refinanciar con sus proveedores. Empezamos a investigar, pedimos información a la dirección de Aduanas sobre las importaciones del 2016 al 2020 y la cruzamos con información del SRI de lo que se pagó de ISD. Ahí encontramos que las cifras no coincidían y tuvimos presunción de fraude y de un balance falso. Se encontró que el uso de los recursos no se dio en donde debía darse, hubo un desvío, esos dos elementos sirvieron para poner la denuncia. Vimos pagos a proveedores externos, pero al comparar con las importaciones, los pagos superan de largo las importaciones y, por eso, hay presunciones de fuga de dinero. Eso consta en los informes. Todo eso tenía que haberlo detectado antes el auditor externo. Investigamos al auditor externo, la empresa SMS, y no ha demostrado que hizo todas las pruebas y procedimientos que exigen las normas. Por eso está en un procedimiento de actuaciones previas e inicio de acciones sancionadoras y también está denunciada en la Fiscalía.

Sobre irregularidades en las negociaciones del Isspol, en el 2018 un exgerente de Valpacífico denunció operaciones de repo que no debían darse, ¿por qué solo sancionaron a la casa de valores y no se tomaron medidas de corrección?

Las operaciones del Isspol con esas empresas fueron fuera del mercado de valores. Esas investigaciones sobre lo que hizo el Isspol le competen a la Superintendencia de Bancos. Pero nosotros sí actuamos, investigamos y vimos que tenía razón el señor Ibáñez. Los derechos fiduciarios con pacto de recompra que se usaban en las operaciones de reporto del Isspol no eran títulos valores negociables de acuerdo a lo que dicta la ley. Estas operaciones eran una especie de financiamiento con garantía entre privados y eso no existe. Solo hay reporto bursátil y reporto financiero. Se envió oficios a la Superintendencia de Bancos, y, como era competencia de ellos, entiendo que ellos debían tomar acciones.

¿El Decevale participaba de estas operaciones, por qué no se tomaron medidas antes si ustedes hacen inspecciones a este organismo? Recién ahora está intervenido y con denuncias en Fiscalía

A ellos se los investiga ahora por las certificaciones de deuda externa que han emitido, por valores que no estaban facultados a custodiar. Pedimos a Decevale que nos enseñen los contratos con un custodio global y nos dieron un contrato de asesoría. Eso motivó a la Superintendencia a presumir un delito de actuación concertada en perjuicio de un tercero. Eso se denunció a la Fiscalía.

¿Sabían que una empresa que sería del mismo Jorge Chérrez estaba custodiando esos valores?


Conozco, por información que se ha hecho pública, que Decevale señala a un funcionario que actuó, por su cuenta y de manera personal, en ese contrato con esa empresa. El directorio no lo conocía y, por eso, ese funcionario fue desvinculado con visto bueno. Nosotros tampoco sabíamos, esa información recién se conoce.

La operación de swap del Isspol se hizo con bonos de deuda interna que sí pasaron por bolsa. ¿No generó alertas el hecho de que participaba una empresa domiciliada en Panamá?


El swap no existe en nuestro mercado de valores. Antes de esa operación privada, sí hubo una operación local de venta de bonos internos que compró un comitente extranjero. Ahí participa la casa Citadel como intermediario en la venta y en la compra. Esa casa de valores, ante la pregunta de dónde están los flujos de esa transacción y que documente cuál es su cliente en el extranjero, no pudieron evidenciarlo. Por eso, ahora está en investigación esa empresa de valores.

Hay otros USD 200 millones en operaciones del Isspol con bonos de deuda interna entre el 2016 al 2018, hay que investigar si otras casas de valores hicieron operaciones locales con esos recursos y que hayan servido para que Isspol haga operaciones privadas de bonos. Ya hay instrucciones en la Dirección de Control para que se revise qué casas de valores pudieron haber intervenido.

¿Qué medidas se tomarán luego de estos escándalos en el mercado de valores?

Siempre se aprenden lecciones. Pedimos al área de normatividad que preparen una propuesta urgente de reforma para eliminar la posibilidad de negociación de facturas entre relacionadas. Va a ser imposible controlar ni por más herramientas que existan, es imposible controlar. El mercado no está preparado para este tipo de producto de alto riesgo, porque todo queda en la buena fe del emisor de las facturas.

Eso es lo urgente, luego vendrán otras propuestas, por ejemplo, que las compañías presenten balances intermedios, revisiones específicas que harán los auditores externos sobre cuentas sensibles. También hay que ver la calidad de las garantías específicas o exigir que todas las operaciones tengan este tipo de garantía y no solo las generales. Otra medida sería que el emisor no escoja al calificador de riesgo.

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