16 de marzo de 2020 15:39

21 audiencias fueron suspendidas en Unidad de Flagrancia en Guayaquil; usuarios tienen dudas sobre denuncias

Las audiencias en la Unidad de Flagrancia en Guayas serán reprogramadas para después de 15 días. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Las audiencias en la Unidad de Flagrancia en Guayas serán reprogramadas para después de 15 días. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

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Las puertas de ingreso a la Unidad Judicial de Flagrancias de Guayaquil amanecieron custodiadas por la Policía este lunes 16 de marzo del 2020. El edificio, ubicado en el norte de la urbe, restringió el acceso al público como medida de prevención por la emergencia del covid-19.

Un funcionario de la entidad informó a los usuarios que “la mayoría de trámites estaba suspendido”. Entre los procesos paralizados estaban 21 audiencias de juicios directos que fueron programadas para este lunes. La dificultad de trasladar a los imputados que están en las distintas cárceles de Guayaquil fue la causa principal de esta medida.

Esta decisión generó molestia entre familiares y abogados de los detenidos. Ellos reclamaban una nueva fecha para los procesos, pero la única respuesta que tuvieron fue que todas iban a ser “reprogramadas” para después de 15 días.

“Sabemos que existe una emergencia en el país, pero el Estado debe garantizar que los procesos no se estanquen. Yo tengo tres audiencias programadas para esta semana y ninguna se va a realizar”, contó el abogado Joel Jiménez, quien estaba en las afueras de la Unidad Judicial, en la avenida De las Américas.

Otro abogado que también no pudo realizar trámites fue Ricaurte Aguilar. El comentó que “las familias de los procesados están desesperados por la suspensión de los trámites, pues no tienen acceso a los procesos y esto obstruye su derecho a la defensa”.

Pero los funcionarios judiciales informan a los usuarios que se trabaja para que las audiencias se normalicen y que los procesados acudan a las diligencias bajo un sistema de videoconferencia. Además, que todos los procesos serán comunicados a través de los casilleros judiciales de cada uno de los abogados.

Pero las quejas ciudadanas no solo se limitaron a las audiencias. Las denuncias también se modificaron. Los funcionarios indicaron que solo se tramitan denuncias por delitos flagrantes con detenidos o si de por medio existe una muerte.

Ramiro Gutiérrez, un morador del sector donde se ubica la unidad judicial, escuchó esa información y protestó. “¿Osea que si a uno le roban o le asaltan y no hay detenidos, no se puede denunciar?”, preguntó.

Hasta el medio día, las puertas de la Unidad de Flagrancia seguían cerradas. Cerca de 30 personas permanecían en los exteriores para conocer si las restricciones se modificaban.

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