Tres días duró la audiencia de juzgamiento de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, del 6 al 8 de enero del 2020. La Fiscalía y la defensa de la procesada presentaron ante el Tribunal pruebas testimoniales y documentales. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
Este 8 de enero del 2020 se realizó el último día de la audiencia de juicio de la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, acusada por el presunto delito de concusión en el caso Diezmos.
Después de seis horas de audiencia, el Tribunal, conformado por los jueces Marco Rodríguez, Daniella Camacho y Wilman Terán, anunció que analizará el expediente y convocarán a una nueva audiencia para anunciar si condenan o no a la exfuncionaria.
Durante los tres días que duró el juzgamiento, la Fiscalía y la defensa de la procesada presentaron ante el Tribunal pruebas testimoniales y documentales.
La Fiscalía tuvo 34 evidencias. Por ejemplo, los testimonios de agentes investigadores, peritos, exfuncionarios bancarios y también el exasesor de Vicuña Ángel Sagbay.
En su relato, Sagbay dijo que mientras trabajaba en el Legislativo, Vicuña le exigía a él y a sus compañeros un pago mensual entre USD 300 y USD 1 400. Aseguró que la entrega del dinero era obligatoria y si no aportaba debía dejar el cargo.
Las indagaciones demostraron que el dinero se destinó para cubrir los gastos de la organización política Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).
El fiscal subrogante, Wilson Toainga, también presentó a los jueces el análisis que realizó una perito contable a las cuentas de la exfuncionaria. Los resultados que arrojó la pericia fue que tres de sus entonces colaboradores realizaron transferencias a su cuenta bancaria personal por un total de USD 43 295.
Además determinó que durante el período del 2011 al 2016, los ingresos de la exlegisladora alcanzaron USD 590 628,99, pero ella solo declaró USD 401 045,20 ante el Servicio de Rentas Internas (SRI).
En cambio, la abogada de Vicuña, Ana María Ontaneda, presentó 28 pruebas, entre estas, la versión de 16 excolaboradores de Vicuña cuando trabajaba en la Asamblea y militantes de la organización política ABA.
Ellos aseguraron que los aportes económicos que depositaron en la cuenta bancaria de Vicuña eran voluntarios y además dijeron que no recibieron amenazas de perder sus puestos de trabajo si no aportaban.
Entre las pruebas documentales constan dos informes de la Contraloría General del Estado, en los que se establece la declaración patrimonial de Vicuña entre el 2013 y 2018. Según el ente de control no hubo un incremento injustificado de su patrimonio.