3 de junio de 2019 19:38

Sala declaró la nulidad de dos procesos penales abiertos por los pases policiales

Alberto Santillán (3ro der.), fiscal provincial de Pichincha, analizó el expediente y encontró fundamentos para solicitar su nulidad. Foto: Cortesía Fiscalía

Alberto Santillán (3ro der.), fiscal provincial de Pichincha, analizó el expediente y encontró fundamentos para solicitar su nulidad. Foto: Cortesía Fiscalía

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Redacción Seguridad

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La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha declaró la nulidad de los procesos relacionados con lavado de activos y enriquecimiento ilícito dentro del caso pases policiales.

Esta resolución se tomó luego de que el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, analizara el expediente y encontrara fundamentos para solicitar la nulidad.

El Presidente de la Corte de Pichincha precisó que la Fiscal Provincial que llevaba el caso no suscribió seis versiones de presuntos testigos, no se receptaron las declaraciones de dos de los 10 procesados y que tampoco se notificaron a otras cinco personas investigadas en este caso.

“Estas violaciones de trámite vulneraron el derecho a la defensa de los procesados”, dijo la Fiscalía este 3 de junio del 2019.

Los casos ya estaban en la fase preparatoria de juicio, pero ahora volverá a indagación previa, es decir, a la fase inicial de la investigación.


La defensa de los procesados también aseguró que hubo versiones que, a pesar de haber sido tomadas en el despacho provincial de Pichincha, no fueron firmadas por la Fiscal Provincial, que entonces dirigía la investigación penal de la causa.

Este argumento también fue tomado por el Presidente de Corte para anular el proceso.

Los hechos investigados datan de octubre de 2014 a julio de 2015, periodo en el que se habrían negociado, al interior de las filas policiales, unos 1 317 pases policiales, a un costo de entre USD 1 000 y USD 2 000 cada uno.

Por estos hechos ya hay una condena en firma en contra de los procesados. Esta tiene que ver con el expediente por delincuencia organizada.

Según el Código Penal (art. 369), este delito es penado con cárcel de entre siete y 10 años.

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