El Tribunal I de Garantías Penales instaló ayer 14 de marzo una audiencia de juicio contra 75 personas. Ellas son procesadas por presunta paralización de servicios públicos durante la revuelta del 30 de septiembre del 2010.
En junio del 2014, el fiscal Iván Ron los acusó por su aparente participación en la toma de la pista de la Base Aérea de Quito. “Por tratarse de un delito contra la seguridad del Estado, la audiencia es reservada”, informó la Fiscalía.
El investigador consideró que existirían suficientes elementos de convicción sobre su participación en lo ocurrido el 30-S. Las pruebas analizadas fueron videos, informes de Criminalística, experticias, versiones, etc.
Como parte de las diligencias, esa entidad convocó a 59 personas para que rindan su testimonio ante el Tribunal.
La mañana de ayer, Ron expuso en la audiencia la teoría del caso relacionada con la toma de la pista. La defensa de los uniformados afirma que estos son inocentes.
La paralización de servicios públicos está estipulada en el artículo 158 del Código Penal. Contempla una pena de hasta 12 años de reclusión.