Vanesa Freire, presidenta del movimiento correísta Fuerza Compromiso Social, acusa al contralor Celi de una presunta arrogación de funciones. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO
La audiencia oral de prueba y alegatos como parte de la denuncia que impulsa el movimiento Fuerza Compromiso Social (correísmo) contra Pablo Celi, titular de la Contraloría, se instaló el martes 14 de julio del 2020, pasadas las 10:00.
En la diligencia, que se efectúa en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), participa Vanesa Freire, presidenta de la organización política, quien acusa a Celi de una presunta arrogación de funciones e intromisión en las elecciones del 7 de febrero del 2021. La denuncia también apunta a Manuel Araujo, director Nacional de Auditoría Interna del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El Contralor no acudió al TCE, pero sí estuvieron abogados de esa institución. También participa Marco Proaño, director de patrocinio de la Procuraduría General del Estado, así como representantes del CNE.
Freire ingresó la denuncia, cuestionando el informe de Contraloría que predetermina la destitución de los tres consejeros de mayoría del CNE, por mantener la inscripción de Fuerza Compromiso Social, pese a que se detectaron irregularidades en su calificación. A criterio de la dirigente, esta acción vulneraría sus derechos de participación y Celi se estaría arrogando funciones del organismo electoral.
En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se realizó la audiencia de la denuncia del movimiento correísta Fuerza Compromiso Social contra el contralor Pablo Celi. Foto: Diego Pallero/ EL COMERCIO
Inicialmente, la diligencia se debía llevar a cabo el viernes 9 de julio, pero se suspendió. Según la notificación colgada en el portal del TCE, Marco Proaño, director de Patrocinio, delegado del Procurador General del Estado, solicitó el diferimiento de la audiencia oral. Fernando Martínez, juez sustanciador de la causa, acogió el pedido.
El correísmo también inició otro proceso en el TCE. Freire y otros militantes de esa organización ingresaron un recurso subjetivo contra el reglamento para los procesos de democracia interna, cuya reforma aprobó el CNE el lunes. Según la dirigente, la norma vulneraría los derechos de participación, de cara a las elecciones del próximo año.