12 de marzo de 2019 13:05

Más atención a niños, mujeres, Lgbti y personas con discapacidad se exige a candidatos a la Alcaldía de Quito

El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se pronunció respecto a los Grupos de Atención Prioritaria y en Situación de Vulnerabilidad y Riesgo, mediante un mandato que les garantice una vida digna. La organización inst

El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) se pronunció respecto a los Grupos de Atención Prioritaria y en Situación de Vulnerabilidad y Riesgo, mediante un mandato que les garantice una vida digna. La organización insta a las autoridades a trazar un plan de acción para ello. Foto: Yadira Trujillo / El Comercio

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Yadira Trujillo

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El Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) presentó el llamado mandato para la Protección de Derechos de los Grupos de Atención Prioritaria y en Situación de Vulnerabilidad y Riesgo, este martes 12 de marzo del 2019.

El objetivo de este mandato es que las próximas autoridades de Quito tracen un plan de acción que garantice una vida digna a los grupos de atención prioritaria, explicó Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos. Se trata de los niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres, Lgbti y personas con discapacidad, entre otros.

Martínez comentó que el Consejo se reunió con los candidatos a la Alcaldía, quienes acogieron el mandato. Sin embargo –aseguró– todavía es necesario que se brinde la fuerza necesaria al trabajo en las problemáticas sociales que involucran a los grupos considerados prioritarios.

La violencia está en todos los niveles en Quito, por ejemplo, se mencionó en la presentación del mandato. Por lo que se pidió más compromiso de las próximas autoridades para trabajar en erradicarla. Asimismo, se instó a que se incluya la diversidad dentro del Plan Territorial de la ciudad.

Martínez también invitó a que los candidatos se unan a la declaratoria de emergencia respecto a la situación de violencia en Quito, que se promueve desde el Consejo de Protección de Derechos. En el país, 88 mujeres fueron víctimas de femicidio en el 2018 y en lo que va del año son más de 10.


El Mandato para la Protección de Derechos cuenta con una agenda que se resume en 10 puntos, los mismos que atienden a los diferentes grupos de atención prioritaria y en situación de vulnerabilidad.

El primero son los niños, niñas y adolescentes. En este punto se contempla la prevención y reducción del embarazo adolescente, además de la eliminación de la violencia y el acoso escolar en el sistema educativo del DMQ, entre otros aspectos.

Protección y garantía en los derechos de los jóvenes, los adultos mayores, las diversidades sexogenéricas, las mujeres, las personas con discapacidad, los pueblos y nacionalidades, los afroecuatorianos y montuvios, así como acciones en beneficio de la movilidad, la naturaleza y los animales también constan en el Mandato.

Entre las acciones del grupo de mujeres, por ejemplo, se contempla la erradicación de la violencia de género y la garantía de la atención integral a sus víctimas. Mientras, el grupo de personas con discapacidad plantea un trabajo que garantice la accesibilidad y movilidad segura en todos los espacios públicos.

Desde las diversidades sexogenéricas se propone el impulso de programas de sensibilización y capacitación sobre diversidades para disminuir la exclusión y la violencia. Además se plantea el fomento de la inclusión laboral y la garantía de la atención integral y de calidad en salud.

El reconocimiento de la economía, autoridad y propiedad comunitaria es la propuesta de pueblos y nacionalidades. Mientras que la reinserción laboral, social y educativa de migrantes ecuatorianos retornados se plantea desde la movilidad humana, además del combate de la xenofobia.

En la presentación del mandato estuvieron presentes representantes de los 10 Consejos Consultivos de Derechos del DMQ. El documento recoge las exigencias y demandas de los diferentes grupos de atención prioritaria, para que sean implementadas por el próximo Alcalde o Alcaldesa de la ciudad.

El mandato se construyó con participación de ciudadanos que forman parte de los 10 consejos consultivos, luego de varias asambleas llevadas a cabo entre los meses de enero y febrero del 2019.

En estos encuentros se analizó la situación actual de cada grupo, las agendas, rutas de protección y se preparó un documento que reúne las políticas y acciones afirmativas que propone cada grupo.

El próximo Alcalde, elegido el 24 de marzo, se convertirá en el presidente del Consejo de Protección de Derechos, con la responsabilidad de garantizar los derechos de los grupos prioritarios y en situación de vulnerabilidad.

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