3 de noviembre de 2018 00:00

Atención a accidentados provoca deudas con centros asistenciales privados

Los implantes son uno de los insumos por los que la clínica Kennedy debe pedir prórrogas de pago a proveedores. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Los implantes son uno de los insumos por los que la clínica Kennedy debe pedir prórrogas de pago a proveedores. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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La atención a las personas accidentadas derivó en un problema. Representantes de 45 casas privadas de salud que operan en el país emitieron un comunicado público y pidieron una reunión con el presidente Lenín Moreno.

Dicen que no tienen liquidez y lo atribuyen a la deuda que el Servicio para Pagos por Accidentes de Tránsito (Sppat) mantiene con ellos por la atención a los afectados en siniestros viales.

Los centros asistenciales advierten que por más de un año esa institución no ha devuelto los valores invertidos en los pacientes atropellados o lesionados.

Pero no hay una cifra exacta de la deuda por ese concepto. Lo que sí tienen es el monto total que el Spatt y otras cuatro instituciones les adeudan por todo tipo de atenciones (no solo de tránsito): USD 180 millones que se acumularon desde el 2011.

El Sppat reconoce la deuda, pero contrató una auditoría, para establecer el monto exacto desde el 2017. Ese trabajo se realiza desde marzo pasado. La idea de esa auditoría es que se revisen todos los expedientes para recopilar las facturas y ver el valor exacto de los retrasos económicos.

Según la organización ciudadana Justicia Vial, en los últimos cinco años no hubo una auditoría para saber, por ejemplo, cuáles son las clínicas que más pacientes por accidentes de tránsito atienden o cuáles son los insumos que se agotan con mayor frecuencia.

El presidente de esta organización, Guillermo Abad, asegura que la auditoría incluso permitirá saber en qué porcentaje se debe subir la cobertura que el Sppat entrega en caso de percances viales.

Estos seguros tienen cinco protecciones y son por gastos funerarios, por fallecimiento, por gastos médicos por movilización de víctimas y por discapacidad.

Este Diario ya mostró que existen casos donde los montos que asigna el Sppat para los gastos médicos de las víctimas no son suficientes.

Por esa protección, el Sppat cubre hasta USD 3 000, pero existen casos donde las lesiones de las personas se complican y necesitan cirugías y tratamientos largos que llegan a costar hasta USD 15 000.

Por eso, en Justicia Vial se analiza este tema y aseguran que se plantea un alza a los montos de las protecciones.

Entre tanto, la clínica Alcívar de Guayaquil, por ejemplo, asegura que la deuda del Spatt con ellos llega a USD 600 000. Sus representantes advierten que aún no han tenido una respuesta de esa entidad.

Fernando Martínez fue el último director titular del Spatt, pero dejó el cargo el 12 de octubre. Desde entonces, la institución está sin autoridad titular.

El Ministerio de Transporte deberá seleccionar al nuevo director. Por el momento, Carlos Apolo está como director encargado del Sppat.

La Asociación de Clínicas y Hospitales Privados del Ecuador (Achpe) espera que la nueva autoridad agilite los pagos.

El gremio dice que eso les permitirá igualar los créditos con sus proveedores, que únicamente entregan plazos hasta de 90 días para que puedan cumplir con los pagos.

En la clínica Santa Ana, de Cuenca, sus representantes también señalan que se le agotan los insumos para atender a los accidentados. Por ejemplo, ya no tendrían grapas cerebrales, implantes, prótesis y antibióticos que se usan para tratar las infecciones de las heridas.

Por eso, a inicios de septiembre pidieron a sus proveedores que les den una prórroga para el pago. Según cálculos del área administrativa, la deuda con este centro es de USD 13 000 desde hace un año.

En Santa Elena funciona la clínica Granados. A ese lugar llegan pacientes desde Los Ríos, Guayaquil o Manabí.

En este caso, la deuda del Sppat llegaría a los USD 300 000 que equivalen a un año de atención a los accidentados.

El ahora exdirector ejecutivo del Sppat, Fernando Martínez, habló con este Diario y aseguró que los retrasos obedecen a que esta institución no pide a las clínicas documentos similares, sino que estos han variado incluso con el cambio de autoridades de esta entidad.

Por ejemplo, los galenos aseguran que a unos se les pide el parte del siniestro de tránsito que es levantado por un agente. Pero en años anteriores este documento no era requerido.

En la Achpe también está la clínica Guayaquil, la más antigua de esta ciudad. Su representante, Roberto Gilbert, no habla del monto de la deuda. Solo dice que es “una cifra de alta preocupación”.

Además, a la clínica Kennedy de Guayaquil llega un promedio de tres accidentados viales diarios. Los representantes de este lugar aseguran que los insumos médicos son difíciles de conseguir por la falta de liquidez.

En Contexto 

Según la ANT, de enero a septiembre de este año hubo 18 889 siniestros. En el mismo período del 2017, se registraron 21 532 accidentes. Las causas más comunes son: exceso de velocidad, irrespetar señales de tránsito y conducir bajo efectos del alcohol.

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