Los padres de familia han hecho cuatro plantones en la Plaza Grande, en Quito. El último fue el lunes pasado. Foto: Archivo Particular
No pudieron usar los uniformes de gala que adquirieron para su graduación. 273 aspirantes a inspectores y vigilantes aduaneros concluyeron en mayo pasado el período de capacitación en el Centro de Formación Aduanera.
En esta unidad, ubicada en Yahuarcocha (Imbabura), se adiestra a los uniformados que son encargados de prevenir y controlar el contrabando en las fronteras y puertos del país.
La última promoción -que ingresó el 8 de mayo del 2017- no ha podido concluir el proceso, porque no hay una partida presupuestaria para que el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) los contrate, como estaba previsto, explica Héctor Yépez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional, que investiga el caso.
Los jóvenes provienen de El Oro, Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, entre otras.
“Para nosotros es una tragedia. Jugaron con los sueños de nuestros hijos”, se lamenta Andrea L., madre de un chico de 19 años que aspiraba a sumarse este año a la Unidad de Vigilancia Aduanera (UVA).
El joven dejó de lado el tercer semestre de Ingeniería Comercial en la universidad, con la esperanza de tener un trabajo seguro en corto tiempo. Su objetivo era ayudar a la familia.
En la universidad le dijeron que tiene que “rendir pruebas para ingresar nuevamente y comenzar de cero”.
Hay otras historias similares. “Mi hija, que tiene 20 años, no sale de su cuarto. Está muy triste. A veces bromea diciendo que se acostumbró al castigo (al encierro), pero es para que la familia ya no esté afligida. No sabemos qué hacer”, explica su padre, que no quiere que se revele su nombre.
Uno de los aspirantes recuerda que en los primeros días de mayo les informaron que debían comprar los uniformes para la graduación.
Las prendas -que incluyen un terno de color verde, camisa blanca y zapatos negros- costaron USD 140 para las damas y 40 para los hombres, que ya tenían los zapatos y pantalones de un uniforme anterior.
“Como todos los representantes yo entregué encantado el dinero para este traje. Consideraba que sería el último gasto, de los aproximadamente USD 8 000 que hemos invertido en uniformes e implementos que requerían, recuerda María M., otra de las madres.
También comenta que solicitó un préstamo bancario para cubrir los gastos. Otros vendieron bienes, aseguran los afectados. La idea era costear los gastos del curso, que bordearon los USD 10 000.
A mediados de mayo pasado, los 273 aspirantes salieron de vacaciones 15 días. Los instructores ofrecieron enviar comunicados para que se presenten al Centro de Formación Aduanero. Pero lo que parecía una etapa de descanso se transformó en un problema.
Al ver que no había ningún comunicado oficial, varios aspirantes se acercaron a las instalaciones de Yahuarcocha.
Ahí se encontraron con un cartel que indicaba que estaba prohibido el paso de los estudiantes al recinto. Ante la falta de una información oficial, los padres de familia formaron un comité. Hasta el momento han realizado cuatro plantones en la Plaza de la Independencia, frente a la Presidencia de la República, en Quito. La más reciente fue el lunes 30 de julio del 2018.
Todas fueron para exigir una respuesta de las autoridades. “De esa manera, logramos que funcionarios del Ejecutivo escuchen nuestro pedido”, explica Wilson Galeano, representante de los afectados.
Además, el caso es acompañado por la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea, que el 11 de julio del 2018 resolvió exhortar al director general de la Senae, Carlos Andretta, y al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, que expliquen el ‘impasse’.
Este Diario envió un comunicado a la Senae el martes último (31 de julio), solicitando información. No hubo respuesta hasta ayer.
“En medio de las indagaciones conocimos que la partida presupuestaria número 51 de la Senae, para la contratación de los nuevos aduaneros, fue afectada por el Decreto Ejecutivo 135 Política de Austeridad del 1 de septiembre del 2017”, comenta Galeano.
Los representantes de los aspirantes aseguran que los jóvenes están bajo el régimen reglamentario del Centro de Formación Aduanera, porque todavía no se han incorporado. Eso implica que no pueden dedicarse a otras actividades. Los aspirantes prefieren mantener sus nombres en reserva.
En contexto
El último curso de inspectores y vigilantes se abrió cuatro años después del anterior. Está sustentado en el proyecto Pasos de Fronteras en Ecuador BID-Senae, de mayo del 2015. El objetivo era formar personal para mejorar el control limítrofe.