La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) rechazó las declaraciones del presidente de la Asamblea de Ecuador, José Serrano. Foto: Imagen referencial. Archivo/ EL COMERCIO
La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) rechazó las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, en torno a un fallo judicial que dejó sin efecto una sanción a la legisladora Cristina Reyes.
Los jueces, en un comunicado fechado este 25 de enero del 2018, aseguran que el presidente de la Legislatura mantiene “la práctica de intimidación usada en el pasado”, en contra de la Función Judicial.
El 22 de enero, la jueza Lucila Gómez aceptó la acción de protección planteada por la legisladora socialcristiana Cristina Reyes, para anular la suspensión de 10 días que le impuso el Consejo de Administración Legislativa (CAL), dirigido por Serrano, el 10 de enero. La sancionaron por las críticas que hizo contra el mismo CAL.
El 22 de enero, tras conocer la decisión de la magistrada, Serrano escribió en su cuenta de Twitter que la acción de protección concedida a la asambleísta Cristina Reyes es una “lamentable decisión”, pero que la acatarán y apelarán. Asimismo, el Presidente del Parlamento de Ecuador dijo en su tuit que la jueza “olvidó autorizar uso d ceniceros y pistolas en el Pleno, xq tampoco hubo motivación para su prohibición” (sic.).
La Asociación de Magistrados calificó estas expresiones del titular del Legislativo como “desatinadas e impropias del caso”. Según los jueces, Serrano “públicamente pretende amedrentar con un pedido de queja administrativa, actitud caprichosa que se convierte en una velada amenaza a la independencia de los jueces”.
Además, señalan que esto evidencia un desconocimiento de los principios que rigen la administración de justicia. Entonces, la Aemaj señala los principios contenidos en la Constitución sobre la independencia de Funciones y el Código Orgánico de la Función Judicial.
Asimismo, enlistan las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia de EE.UU., y del Tribunal Europeo que sientan precedentes a favor de la independencia de los jueces frente a otros poderes del Estado.
Los jueces terminan señalando que la independencia del Poder Judicial es una garantía a las libertades y derechos de todos los ciudadanos, por lo que sus decisiones deben estar protegidas “de todo abuso de poder”.
La Aemaj respaldó así la decisión de la jueza Gómez y rechazó todo intento de amedrentamiento o amenazas contra los jueces o tentativa de direccionamiento de sus decisiones.