Asistencia a ciudadanos venezolanos se basa en tres objetivos en Quito

Ciudadano venezolano improvisa una canción para sus compatriotas migrantes

Ciudadano venezolano improvisa una canción para sus compatriotas migrantes

Este lunes, 13 de agosto del 2018, venezolanos clasificaban las donaciones en las carpas instaladas en Carcelén. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Quedarse en Quito es lo que quiere Raúl (nombre protegido). Al niño de 11 años, la travesía de Zulia, Venezuela, a la capital ecuatoriana le tomó 19 días. Por eso sueña con que sus padres consigan trabajo. No quiere caminar más. Está cansado y le duelen los pies.

Los últimos cinco días los ha pasado entre los exteriores de la terminal terrestre de Carcelén y el albergue privado que compatriotas suyos armaron en San Antonio de Pichincha.

Allí cuenta con una cama y el techo que comparte con su madre, costurera; su padre, técnico en seguridad industrial, y su hermano de 13 años. Dos hermanos mayores y sus sobrinos están en Venezuela.

Este es uno de los 240 grupos familiares identificados en el intercambiador de Carcelén y en el parque industrial.

Los familiares de Raúl venden bolígrafos en los semáforos y cuando no consiguen dinero para comprar mercadería, van al albergue improvisado que hay en el parterre de la avenida Eloy Alfaro. Allí comen y esperan que, con suerte, los contrate alguna de las personas que van a buscar mano de obra.

Se aíslan un poco, pues prefieren alejar de los desconocidos a los niños.

Este lunes, 13 de agosto del 2018, Julio decía ser el coordinador del grupo. Él se opone a que este albergue se desarme y lideró a quienes entre el fin de semana no quisieron ir a los cinco centros temporales de tránsito que el Municipio habilitó para la permanencia de venezolanos por cinco días.

Se trata de espacios para hasta 30 personas que tienen cocina, baño, un dormitorio con camas de una plaza y literas, TV, área de lavado de ropa y patio.

Entre las personas que decidieron ir a los centros municipales, tienen prioridad 57 familias en situación de doble vulnerabilidad: adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas o niños. Allí, las familias prepararán su comida y limpiarán el lugar.

Los centros temporales están en las administraciones Calderón, La Delicia, Eugenio Espejo, Manuela Sáenz y Eloy Alfaro, y acogieron a 125 personas reubicadas el fin de semana, que recibieron kits de higiene personal y alimentos.

Hombres y mujeres solas pueden ir al albergue San Juan de Dios. Otros tres espacios municipales no fueron habilitados, porque deben quedar libres por si surgen emergencias de otro tipo en la ciudad y se requiera albergar a otras familias, según el secretario de Inclusión, César Mantilla.

En cambio, en el ‘albergue’ a la intemperie de Carcelén, la gente se cubre con carpas hechas con plástico negro, sujetadas con sogas y palos. Tienen colchones, un espacio para embodegar donaciones de alimentos y otra zona en la que clasifican la ropa que les regalan. Vestidos, camisetas rotas, zapatos viejos o de tacón... no les sirven porque los incomoda en las jornadas que usualmente viven: largas caminatas entre semáforos para vender dulces o cambiar bolívares por monedas en dólares.

El plan de reubicación que se decidió tras la declaratoria de emergencia cuenta con el trabajo de secretarías municipales, la Cruz Roja, la Prefectura de Pichincha, entidades de la ONU, del Gobierno Nacional y de derechos humanos.

Esta tarea es parte de la primera mesa de trabajo, que elaboró fichas de las personas que ya estaban en la ciudad, y busca una solución temporal para ellas. La segunda mesa se encargó de la reubicación y velará porque la gente que salga no vuelva a dormir en la calle.

Ahora se trabaja en la tercera: la seguridad. El COE Metropolitano debe definir qué pasará con quienes se resisten a salir de Carcelén, con la gente nueva que llegue y con la protección de derechos en los refugios. Existen denuncias sobre supuestos casos de trata de personas, mafias que cobran una comisión sobre sus ventas e incluso prostitución.

Mantilla explicó que la Agencia Metropolitana de Control, la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad y el Ministerio del Interior analizarán las denuncias y harán una investigación para determinar si esos casos son reales.

Mientras tanto, gente solidaria siempre llega a Carcelén. Cruz Zambrano fue a los 24 años a Estados Unidos y está por cumplir 50.

Este lunes, junto a su hermana y cuñado, brindó sánduches a la gente. Lo hizo porque sabe “lo que se sufre, las luchas, los sueños que a veces se cumplen y a veces no, cuando uno es migrante. Si uno no cuenta con apoyo, es difícil salir adelante”.

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