Los asambleístas regresaron a sus actividades luego de 15 días de receso legislativo. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO.
La reducción de USD 1 000 en el salario de los asambleístas les traerá complicaciones económicas. En eso coinciden opositores y oficialistas quienes critican que este monto represente un 17% del salario total, cuando desde el Ejecutivo se advirtió que los recortes no rebasarían el 10%.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) sesionó la tarde de este 5 de marzo del 2015 y estableció como nuevo salario el techo que el Ministerio de Trabajo resolvió para el rango de asambleístas:
USD 5 009. Previamente, el bloque de Alianza País (AP) realizó una reunión extraordinaria por la mañana en la cual los 100 oficialistas establecieron que acogerán ese monto, más allá de las dificultades, por “compromiso con el proyecto político”.
Fuentes internas revelaron que fue una reunión caldeada en la cual la mayoría expuso que adquirió deudas con instituciones bancarias especialmente por préstamos hipotecarios y que esa reducción les afectará. Pero también se analizó las implicaciones políticas de cuestionar ese recorte que vino del Ejecutivo.
Finalmente, la balanza se inclinó por reforzar el mensaje de que en época de crisis todos tienen que ajustarse.
El tema de la reducción de salarios no es nuevo dentro del bloque verde. El 21 de enero del 2015 fue uno de los puntos discutidos en la reunión de Guápulo, donde el bloque realizó su planificación anual. Legisladores como Oswaldo Larriva y Gabriel Rivera han insistido con el tema.
Ricardo Moncayo (Creo), quien es parte del CAL, recogió las propuestas de la oposición y las presentó ante el organismo. Para este grupo un ajuste del 6% sería viable pues el 17% es un rango superior al que fue advertido inicialmente por el Ejecutivo.
Finalmente, esa propuesta se desechó.
El tema de la economía es delicado para los legisladores. Desde la oposición miran en la reducción de sus salarios una estrategia de corte ‘populista’ cuyo objetivo es político. También reconocen que históricamente el sueldo que reciben ha sido centro de críticas, por lo cual, no es conveniente cuestionar abiertamente la medida.
Por ello, más que criticar el monto que dejarán de percibir, cuestionan los mecanismos para establecerlo. Luis Fernando Torres (Creo-PSC-Cambio) dijo que de manera “abusiva” el Ministerio del Trabajo estableció el techo que debían ganar los legisladores, cuando esa era una atribución del CAL. “El trato que se ha dado desde el Gobierno a los legisladores es el de unos conserjes. La Asamblea bajó la cabeza”, dijo Torres.
Virgilio Hernández aseguró en cambio que el Ejecutivo sí tiene prerrogativas para establecer su salario. Se trata de la Ley Orgánica de Servicio Público que determina que quienes integran los órganos de representación tienen la condición de servidores públicos. Viendo hacia el pasado, dijo que ahora existe una remuneración fija y no como antes que, además de un monto fijo, se pagaba a los diputados por la presencia en las sesiones extraordinarias.
La socialcristiana Cristina Reyes no critica la reducción del salario, lo que le disgusta es el discurso ‘demagógico’, pues en el fondo, no resolverá los problemas económicos del Ecuador.
Recordó que la Legislatura compró cinco vehículos por USD 250 000, organizó el Foro Asia-Pacífico por USD 700 000 o contrató una campaña de imagen por USD 450 000. Sobre esta base dijo que el Régimen intenta congraciarse con los ecuatorianos y que lo que obtendrá de los recortes salariales es una cantidad mínima frente a las consultorías y los gastos ministeriales. “Ahora intentan hacerse los austeros”.
El bloque verde reconoce que la medida no será un aporte real para la economía, sino que se trata de una estrategia política. Hernández la calificó como un “acto simbólico importante”; otros como Fausto Cayambe lo miran como “una contribución ideológica” al proceso político vigente.
En contexto
El 24 de febrero, el Presidente firmó el Decreto 601, por el cual se procedió a la reducción de los sueldos en los cargos jerárquicos del Estado. Se exceptúan de esta medida los sectores de Educación, Salud, FF.AA. y Policía Nacional y los jueces.