21 de abril de 2020 13:28

Asambleístas plantean bajar en 20% costo de vida y no excluir a militares y policías del ajuste

La Asamblea Nacional continúa debatiendo la Ley Humanitaria enviada por el presidente Moreno para hacer frente a la crisis causada por el covid-19. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

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Redacción Política

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La reducción del 10% en los sueldos del sector público que plantea el Ejecutivo no aplicará de forma retroactiva para aquellos empleados que cuenten con un nombramiento definitivo, aclararon hoy, martes 21 de abril del 2020, las autoridades.

"Constitucionalmente no se podría tocarles el sueldo a quienes tienen un contrato definitivo, sino a futuro", manifestó el viceministro de Trabajo, David Álvarez.

El funcionario precisó que esta medida se aplicaría para los nuevos contratos y para los cargos de libre nombramiento y remoción, lo que incluye a asesores y consejeros de gobierno.

Álvarez acompañó al ministro de Trabajo, Luis Poveda, a una comparecencia en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, en donde se tramita la Ley Humanitaria por la crisis derivada del covid-19.

En este contexto, Poveda defendió que en el proyecto se exceptuara al personal de salud, de la Policía y Fuerzas Armadas. También estarán libres de las contribuciones solidarias por la emergencia que se prevé aplicar por nueve meses.

"Ellos están en la primera línea de la emergencia. Es justo. Ellos están exponiendo sus vidas, arriesgando su salud", adujo.

Sin embargo, hubo reparos de legisladores de distintas fuerzas políticas a que se deje fuera a los militares y policías, que, según indicaron, perciben sueldos superiores a los de los maestros.

El asambleísta Fernando Callejas (Creo) manifestó que "no encuentra razón" para que el ajuste no aplique para el personal de la Policía y Fuerzas Armadas. Dijo que esto se justifica para los salubristas, pero que todos los sectores deben contribuir a paliar la crisis.

En eso concordó Doris Soliz, del correísmo, quien también pidió cuentas sobre despidos en el sector público tras la emisión de un acuerdo del Ministerio de Finanzas.

Otros legisladores fueron más allá. El socialcristiano César Rohón propuso "achicar en un 20% la economía del país", lo que no solo incluye las remuneraciones del sector público, sino también arriendos, tasas de interés, por ejemplo.

La oficialista Elizabeth Cabezas y Pabel Muñoz, del correísmo, se sumaron a esa idea. Cabezas pidió revisar los niveles de asesores que incluso ganan sobre los USD 4 000. Muñoz dijo que también se deben establecer escalas para el sector privado.

Guillermo Celi (Suma) habló de "sincerar" el costo de vida en Ecuador, pues afirmó que es uno de los más altos de la región.

Celi agregó que no hay otra alternativa que recurrir al endeudamiento externo para ayudar a la liquidez de las empresas y procurar mantener los puestos de trabajo.

Augusto Espinosa, del correísmo, demandó la eliminación de excepciones tributarias, pues adujo que no ayudan a la competitividad. Sostuvo que también se deben revisar las remuneraciones en el sector privado.

El independiente Fernando Burbano pidió establecer unos estímulos para las empresas que no despidan a sus trabajadores.

El vicepresidente de la Comisión, Homero Castanier (Creo), planteó incluir un texto para que un empleador deba demostrar la cesación de actividades que le impida seguir pagando sueldos a sus colaboradores.

Por último, el ministro Poveda precisó que los ajustes en las remuneraciones por la crisis influirán en el cálculo de las pensiones alimenticias.

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