26 de febrero de 2020 00:00

Conozca en qué estado están los proyectos a cargo de 30 asambleístas que no podrán ir por la reelección

El socialcristiano Henry Cucalón y la oficialista Ximena Peña (centro), en el Pleno. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

El socialcristiano Henry Cucalón y la oficialista Ximena Peña (centro), en el Pleno. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.

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Roger Velez
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rvelez@elcomercio.com

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Las bancadas de Alianza País (AP), el Partido Social Cristiano (PSC), Creo y el correísmo perderán a sus asambleístas más visibles para el próximo periodo legislativo, tras la enmienda constitucional aprobada hace dos años en la consulta popular.

La norma impide postularse a una reelección a las autoridades que ya hayan ejercido un cargo de elección popular por dos periodos consecutivos.

Para los próximos comicios, 30 de los 137 legisladores no podrán regresar al Pleno, luego de haber ejercido por dos periodos consecutivos, del 2013 al 2017 y del 2017 al 2021.

El impedimento es para 11 de los 39 asambleístas de Alianza País (AP), 9 de 29 correístas, 4 de 17 del PSC y 1 de 19 de Creo. El resto (5) es de minoría o independiente.


En este grupo está Ximena Peña, coordinadora de AP y presidenta de la Comisión de Justicia, que se encargó de procesar los cambios a los códigos Orgánico Integral Penal (COIP) y de la Democracia, en vigor en los dos últimos meses.

En los siete año en ese cargo ha impulsado seis proyectos por cuenta propia, según los registros de la plataforma de la Asamblea. La más relevante es la Ley de Movilidad Humana, que Peña apuntaló junto con seis legisladores en el 2015.

Con solo tres años de vigencia, esa ley está en proceso de reforma en la Asamblea. La propia Peña pidió que se lo hiciera, al reconocer que “las normas implementadas resultaron insuficientes” y que se identificaron vacíos.

Ella es asambleísta por la circunscripción de EE.UU. y Europa. Añade que a estas iniciativas se suman otras 24 propuestas a favor de los ecuatorianos en el exterior, entre ellas haber endurecido las penas para el tráfico de migrantes o la exoneración del ISD a los pagos realizados en el exterior por amortización de deudas.

La correísta Marcela Aguiñaga, quien tampoco podrá buscar la reelección, ha presentado seis proyectos hasta ahora. Se han enfocado en materia penal y judicial, pero también presentó una para reducir el uso de fundas y sorbetes de plástico, y otra para la legalización de tierras en Guayas, su provincia natal, que fue aprobada hace cuatro años.

Entre el 2013 y el 2017 integró el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL). Hasta mayo pasado estuvo en la Presidencia de la Comisión de Justicia, que dejó los informes para reformar la Ley Legislativa y el Código de la Democracia.

El socialcristiano Henry Cucalón ha presentado ocho iniciativas, de las cuales seis siguen en trámite. Asegura que su gestión en el parlamento no solo se ha enfocado en impulsar reformas legales, sino también en fiscalizar, otra de las funciones de los legisladores.

Uno de los juicios políticos impulsados por Cucalón terminó en la destitución de Carlos Baca Mancheno como fiscal General en febrero del 2018.

Antes de que la justicia condenara a siete años de cárcel al exvicepresidente Jorge Glas, por la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, buscó su censura en la Asamblea, pero el expediente quedó sin resolución en la Comisión de Fiscalización.

Patricio Donoso (Creo), quien ocupa la segunda vicepresidencia de la Asamblea, ha propuesto 12 proyectos de ley, enfocados en transparencia fiscal, comercio y tránsito. En el 2016, su propuesta de reforma a la Ley Minera terminó archivada, pero dos años después presentó otro proyecto cuyo informe para primer debate en el Pleno fue aprobado la semana pasada, en la Comisión de Régimen Económico.

La oficialista María José Carrión tampoco podrá reelegirse. Según los registros del Parlamento, ella ha presentado solo un proyecto de ley “para el desarrollo social, político y económico de la mujer”, que fue remitido a la Comisión de Derechos Colectivos.

Carrión ocupó puestos claves como la Presidencia de la Comisión de Fiscalización por dos años. Tramitó 10 pedidos de juicios políticos, pero solo dos terminaron en censura y destitución. En mayo pasado, fue designada por el Pleno titular de la Comisión de Trabajo, pero cinco meses después se vio forzada a renunciar debido a pugnas internas.

En la lista de quienes no pueden buscar la reelección también están Gabriela Rivadeneira, Soledad Buendía y Carlos Viteri, quienes permanecen asilados en México, tras las protestas de octubre pasado.

Peña, Cucalón y Aguiñaga concuerdan en que este escenario obliga a los partidos políticos a buscar nuevos cuadros. Si bien ellos no pueden buscar la reelección, sí pueden aspirar a otras dignidades seccionales.

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