29 de junio de 2019 00:00

Asambleístas rastrean el dinero que tenía Raúl De la Torre

El asambleísta Washington Paredes (al extremo derecho) lidera la recolección de información en este caso.

El asambleísta Washington Paredes (al extremo derecho) lidera la recolección de información en este caso. Foto: Archivo EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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La bancada legislativa Acción Democrática Independiente (BADI) rastrea datos sobre la procedencia de los USD 250 000 que llevaba en un maletín el exasesor de la Gerencia General de Petroecuador, Raúl De La Torre.

El pasado 14 de marzo fue detenido junto a tres personas más en Miami, Estados Unidos. Ahora enfrenta una investigación en ese país por presunto lavado de activos, luego de que no habría justificado de dónde obtuvo el dinero.

El asambleísta que lidera la investigación es Washington Paredes. Él recibió información que De la Torre y otro de los detenidos aparentemente recibieron una coima de USD 4 000 000. Habrían recibido ese valor para supuestamente entregar a una empresa de seguridad un contrato por USD 37 141 645. Según el legislador, esta operación se habría realizado mientras los dos eran funcionarios de la estatal petrolera.

Paredes no descarta que el dinero que movilizaba el exfuncionario en EE.UU. era parte de ese soborno. De hecho, el mismo día de su detención, fue desvinculado de Petroecuador. Esta empresa emitió el jueves un comunicado en el que aseguró que fue despedido “por incumplimiento de responsabilidades”.

Enel escrito también se aclaró que “nunca desempeñó cargos en gestión o administración, únicamente tuvo funciones de asesor”. Este Diario conoció que mientras realizaba ese trabajo también fue delegado en la Refinería del Pacífico.

En marzo pasado presentó una denuncia en la Fiscalía, por presuntos actos ilícitos ocurridos en ese proyecto.

Antes de ocupar ese cargo se desempeñó durante cinco años como secretario relator de la Contraloría General, también trabajó como asesor parlamentario y tuvo diversas funciones en el Ministerio de Telecomunicaciones.

Según la indagación del legislador, en la adjudicación del contrato para la seguridad de las instalaciones de Petroecuador, se habrían detectado “dos irregularidades”. La primera fue que esa empresa aparentemente tenía “problemas en el Ministerio de Trabajo por falta de pago a sus empleados”.

Además, según el Sistema de Contratación Pública, la adjudicación estaba para el 1 de julio, pero se realizó el jueves de esta semana. Petroecuador dijo ayer a este Diario que no se pronunciarán sobre estos temas hasta que exista una judicialización del caso.

Además sostuvo que están dispuestos a colaborar con la información que requiera la justicia para esclarecer la participación del exasesor.

“En esta empresa se trabaja con transparencia desde que fue posesionado el actual director general y si existió un acto ilegal ocurrió sin conocimiento de la autoridad”, dijo.

El jueves, Paredes elaboró oficios dirigidos a los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Interior. La idea fue que sus titulares respondan sobre qué acciones han emprendido tras conocer la captura y que expliquen cómo hizo para salir del país con dinero en efectivo.

Además, el asambleísta envió el martes un oficio al ministro de Energía y Recursos No Renovables, Carlos Pérez.

En ese documento solicitó que responda sobre las acciones que se han tomado en la estatal petrolera y las indagaciones que se han realizado para determinar “el grado de participación del Gerente General”.

Con la información que Paredes y la bancada recopilen hasta la próxima semana, presentará una denuncia en la Fiscalía. La idea es entregar los documentos directamente a la fiscal Diana Salazar para que inicie una investigación.

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