6 de agosto de 2020 23:46

Asambleístas iniciaron debate de la ley de extinción de dominio

La Asamblea debatió este 6 de agosto del 2020 Ley de extinción de dominio. Foto: Twitter Asamblea

La Asamblea debatió este 6 de agosto del 2020 Ley de extinción de dominio. Foto: Twitter Asamblea

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Roger Velez
Redactor (I)

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Antes de presentar el informe para el primer debate de la Ley de extinción de dominio para bienes producto de la corrupción, el legislador independiente Raúl Tello dijo que está dispuesto a que se lo investigue si ha recibido dinero a cambio de votos en la Asamblea.

“Tratándose de una ley que tiene relación con honestidad y transparencia considero fundamental que inclusive para presentarla hay que tener la condición moral que permita hacerlo”, manifestó hoy, jueves 6 de agosto del 2020, en la sesión 678 del Pleno.

Tello se refirió al audio en el que se menciona a su nombre como parte de una estructura delictiva, y por el cual la justicia procesa a su colega de bancada, Eliseo Azuero, y el exlegislador Daniel Mendoza, sobre supuestos repartos.

“Frente a ello debo manifestar de manera firme y categórica, que me pongo y estoy a disposición de todas las instancias públicas, particulares, medios de comunicación para cualquier tipo de investigación que tenga relación con el hecho de haber recibido no los miles de dólares que se menciona allí, sino un solo centavo a cambio de mi voto”, sostuvo.

El proyecto de la Ley apunta a regular el procedimiento de extinción de dominio a favor del Estado, sobre bienes de procedencia o destino, relacionados con actividades ilícitas o injustificadas.

Para ello, se contemplan varias causales, entre ellas, bienes de origen, directo o indirecto, de una actividad ilícita; bienes que correspondan al objeto material de la actividad ilícita o que formen parte de un incremento patrimonial no justificado.

La asambleísta Mae Montaño (exCreo) comprometió al Pleno para que la aprobación de esta norma ocurra antes de que termine este año. “Recuperemos por lo menos una pequeña cantidad del respeto que hemos perdido esta Asamblea. Vamos colegas asambleístas, que el que nada debe nada teme”, dijo.

Montaño mencionó que “pronto este proyecto de ley cumplirá un año de lo que fue entregado, en dos meses tendrá un año de haber iniciado su proceso, demasiado tiempo cuando esta Asamblea que es capaz de evacuar una ley de urgencia económica en 30 días, no es posible que tengamos un año casi y que estemos recién el primer debate”, insistió.

También intervino el asambleísta Fabricio Villamar, como autor del proyecto. Argumentó que se trata de un modelo que ya se aplica en otros países, y sugirió que también se incluya “un mecanismo de contraprestación económica para los denunciantes” de hechos de corrupción.

Desde el bloque de la Revolución Ciudadana, Pabel Muñoz y Juan Cárdenas señalaron que ninguna ley debe servir para la persecución y llamaron a respetar la presunción de inocencia.

“Debemos tener elementos para prevenir eso”, dijo Muñoz, quien se refirió el caso de Pedro Rivadeneira, padre de su coidearia Gabriela Rivadeneira, al que la justicia lo declaró inocente de un proceso por el supuesto delito de asociación ilícita.

El socialcristiano Henry Cucalón insistió en que “la mejor forma de extinción de dominio es agilitar y apurar la ejecución de la sentencia” y dijo que la figura es válida, pero “debe observarse en detalle”.

“Nos obligan a buscar nuevas formas en teoría más expeditas para el menos poder recuperar algo de lo que nos roban todos los días, en otras palabras ahorita ya no nos fijamos si eres culpable o inocente, pero nos quedamos con tu bien por si acaso”, señaló.

La asambleísta Elizabeth Cabezas (exAP) también exigió celeridad para el trámite de la Ley de Recuperación de capitales que ella presentó hace más de un año y se lamentó que, según encuestas, los ecuatorianos estén más preocupados de la corrupción que de la pandemia.

“Es mucho más probable que se encuentre una vacuna para covid que podamos recuperar dineros que el país ha perdido por actos de corrupción”, cuestionó, y dijo que el Ecuador vive un escenario de “acusaciones con sustento, otros destemplados, allanamientos televisivos”.

“Todos los días vemos nuevos casos y realmente estamos sumidos en escándalos de corrupción que existen desde los niveles medios hasta los jerárquicos, con la complicidad de empresas privadas”, refirió Cabezas.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña (AP), sugirió convocar a la Corte Nacional de Justicia y al Consejo de la Judicatura para que presenten sus aportes, pues dijo que la coordinación entre las instituciones es clave para que no se convierta en “letra muerta”.

“La naturaleza de los derechos civiles dista mucho de la de los penales; la norma debe brindar claridad a los entes de justicia para que sea viable y ejecutable en la realidad”, apuntó Peña.

En medio del debate, Marcela Aguiñaga (RC) apeló la presidencia de la Asamblea que César Litardo había encargado al primer vicepresidente, César Solórzano, pero no tuvo respaldo del Pleno.

Ocurrió luego de que Solórzano no diera paso a una moción con la que Pabel Muñoz buscaba que los 137 legisladores obliguen a Litardo a presentar un informe sobre la agenda en materia de leyes y fiscalización de la Asamblea.

“Es una moción que nada tiene que ver con el orden del día. Ni siquiera una moción previa”, argumentó Solórzano, quien al cabo de tres horas del primer debate, y tras la participación de 20 legisladores, suspendió la sesión.

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