30 de octubre de 2019 18:29

Asambleístas de la Comisión Especial cuestionan informe de Defensoría del Pueblo sobre las protestas

Los asambleístas de la Comisión Especial conocieron el informe de la Defensoría del Pueblo, sobre los hechos relacionados a las protestas en Quito. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

Los asambleístas de la Comisión Especial conocieron el informe de la Defensoría del Pueblo, sobre los hechos relacionados a las protestas en Quito. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO

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Roger Velez
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La Defensoría del Pueblo entregó el miércoles 30 de octubre del 2019, a la Asamblea Nacional un informe sobre los hechos relacionadas con las protestas en Quito que se dieron entre el 3 y el 13 de octubre contra la eliminación de los subsidios a las gasolinas extra, ecopaís y el diésel.

A la presentación del informe no acudió el titular de la institución, Freddy Carrión, por una descompensación en su salud, sino Alexandra Almeida, directora nacional de Derechos del Buen Vivir.

Con el apoyo de proyecciones en la pared, la funcionaria detalló que según la Defensoría, durante las protestas se registraron 11 fallecidos y 1 340 heridos (contusiones, fracturas, 11 que perdieron un ojo, entre otros). Además se identificó que existen 1 192 detenidos, de los cuales el 77% recobró su libertad sin una formulación de cargos.

De los ocho integrantes de la Comisión, Almeida recibió cuestionamientos de los asambleístas César Rohón (PSC), Héctor Yépez (Creo) y Carlos Vera, de Alianza País (AP).

Yépez pidió a la funcionaria que detalle las causas de los fallecimientos, a lo que Almeida respondió que eso no le corresponde precisar a la Defensoría sino a la Fiscalía y a la Judicatura.

La Directora sostuvo que las víctimas fatales y heridos se registraron "en el contexto de las manifestaciones" y precisó que el informe no incluye a personal de la Policía y Fuerzas Armadas.

Alexandra Almeida recordó que la Defensoría fue creada para limitar el poder del Estado y contra los abusos a la sociedad civil, lo que derivó en un debate al interior de la Comisión.

Rohón enfatizó que "la ley es muy clara" en señalar que a esa institución le corresponde proteger los derechos de los trabajadores "sin distinción alguna". "¿Qué acciones tomó la Defensoría del Pueblo para proteger los Derechos Humanos de la Fuerza Pública?", le increpó el legislador.

La correísta Doris Soliz, sin embargo, adujo que la Policía actúa con disparidad al usar sus equipos para repeler las manifestaciones.

El asambleísta Fernando Burbano (Badi), quien preside la Comisión, dijo que se pedirá más información por escrito a la Defensoría y abrió la posibilidad de que Carrión vuelva a ser convocado.

De los 273 detenidos, 236 afrontan cargos por paralización de servicios públicos, 19 por terrorismo, 3 por sabotaje, 1 por rebelión y 14 por ataque y resistencia, según la Defensoría.

Jaime Olivo (PK), vicepresidente de la Comisión, abogó para que se respete el debido proceso.

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