11 de noviembre de 2020 15:23

Asambleístas plantearon al Ejecutivo que reforma penal no solo se aplique para contratos de emergencia

Johana Pesántez sustentó reformas penales en materia de lucha contra la corrupción, este miércoles 11 de noviembre del 2020. Foto: Captura

Johana Pesántez sustentó reformas penales en materia de lucha contra la corrupción a la Comisión de Justicia, este miércoles 11 de noviembre del 2020. Foto: Captura

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Roger Velez

La secretaria jurídica de la Presidencia de la República, Johana Pesántez, presentó este miércoles 11 de noviembre de 2020 a la Comisión de Justicia los alcances de dos proyectos anticorrupción que el Ejecutivo envió en el primer semestre de este año para su trámite en la Asamblea Nacional.

Una de las propuestas apunta a cambios en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) sobre la tipificación de delitos como la concusión o tráfico de influencias, de forma que abarquen sanciones al “beneficio económico o inmaterial indebido”.

También se busca tipificar la oferta de tráfico de influencias y el soborno en el sector privado, contenidos en los artículos 18 y 21 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Además, se incorpora el deber de denunciar en delitos relacionados con actos de corrupción, los cuales serán excluidos de ser susceptibles de sustitución de prisión preventiva y de la suspensión condicional de la condena.

El segundo proyecto se denomina Ley Orgánica Reformatoria del COIP para sancionar la corrupción en procesos de contratación pública de emergencia. Esta incluye disposiciones para reformar la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

En su primer artículo incorpora el delito de elusión de procedimientos precontractuales y contractuales en emergencia. Incorpora la medida cautelar obligatoria que suspende la contratación en cualquiera de las fases que se encuentre, así como la suspensión de pagos que se encuentren en trámite, y la inhabilitación para contratar con el Estado cuando se cometa este delito.

Durante la comparecencia, que se dio vía telemática, el presidente de la mesa, José Serrano (AP), y el socialcristiano Henry Cucalón sugirieron ajustes al proyecto para que no solo se aplique para el caso de la contratación pública de emergencia.

“Si la emergencia es la excepción de la excepción y va a contar con estas reglas tan duras, tan firmes, ¿por qué no lo hacemos para la contratación pública cotidiana, que es el grueso?”, increpó Cucalón.

Aunque no hubo una respuesta concreta de Pesántez sobre este punto, Serrano acotó que “hay que trabajar en una definición para que no deje un vacío o como salvedad lo regular y lo cotidiano, y al final se terminen estableciendo interpretaciones antojadizas”.

El Presidente de la Comisión aseguró que la próxima semana se empezará a trabajar en el informe para primer debate de estas propuestas. La primera llegó a la Asamblea en marzo pasado y la que se orienta a la contratación pública, en mayo.

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