El 75% de leyes presentadas por el oficialismo al inicio del período no se aprobó. Foto: archivo EL COMERCIO
La mayoría oficialista era suficiente para aprobar las 22 iniciativas que planteó Alianza País (AP) al inicio del actual período legislativo, que empezó el 14 de mayo del 2017.
Entre esas propuestas estaban el Código de Trabajo, el Código de Comercio, la Ley de Gobierno Electrónico, Ley de Turismo, de Pesca y más.
Del plan inicial se aprobaron seis: Ley de Semillas, Código de Entidades de Seguridad, Código Orgánico Administrativo, Ley sobre Paraísos Fiscales, Ley para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres y la Ley Amazónica. Esto representa el 27% de los proyectos que ofreció el oficialismo en un inicio.
El resto está en debate dentro de las comisiones o no se ha presentado debido a los problemas internos de la Asamblea. Por el actual panorama de inestabilidad, es un plan sujeto al apoyo de otras tiendas políticas. Incluso, la nueva presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, consensuó una nueva agenda, de 48 proyectos, con los coordinadores del resto de bancadas. Ahí se incluyeron las reformas que exigía la oposición a la Ley de Comunicación o las reformas al Código Orgánico Integral Penal. En el último año, en total, se aprobaron 17 leyes y reformas, a pesar de los tres episodios que marcaron la inestabilidad.
El primero corresponde al divorcio entre ‘morenistas’ y ‘correístas’ de AP. De 74 legisladores que llegaron con la bandera de la lista 35, el número bajó a 44. La división se concretó el 8 de noviembre cuando el grupo mayoritario firmó un documento de respaldo al presidente Lenín Moreno y a la consulta popular.
Este fue el capítulo que puso fin a siete meses de una relación marcada por confrontaciones impulsadas por los entonces máximos representantes de AP: Moreno y el exmandatario Rafael Correa.
Al no existir un bloque predominante, las diferentes fuerzas políticas apuntaron a las alianzas puntuales para tener mayorías móviles, según Marcelo Espinel, coordinador de la iniciativa ciudadana Observatorio Legislativo.
El segundo momento de inestabilidad fue la destitución de la Presidencia de la Asamblea de José Serrano, el 9 de marzo. Fue acusado por el exfiscal Carlos Baca Mancheno de tratar de “sacarlo del cargo”. Luego de un mes de licencia, Serrano retornó a la Asamblea. Todavía no integra una comisión permanente, como dice la Ley.
Cabezas fue designada como nueva titular el 14 de marzo con 84 votos. Los acuerdos se concretaron entre el oficialismo, el Partido Social Cristiano (PSC), SUMA, la Bancada de Integración Nacional (BIN) e independientes.
Los votos fueron superiores a los que tuvo el oficialismo el 6 de enero, cuando eligió a María Alejandra Vicuña como vicepresidenta de la República. El morenismo concretó 70 votos de apoyo. Entonces, Serrano dirigía la Asamblea.
A pesar de tener una dirigente, la Asamblea mantenía un tercer foco de inestabilidad en las comisiones gobernadas por los grupos correístas. Raúl Tello, del BIN, propuso reestructurar las comisiones. La iniciativa tuvo el apoyo del oficialismo, Creo e independientes. Días después, se retiró la moción. Según legisladores de AP, como Marcia Arregui, no hubo los acuerdos necesarios.
El 14 de mayo, Augusto Espinosa renunció a Educación y Doris Soliz dio un paso al costado el 10 de mayo. En un principio ambos habían señalado que no dejarían sus cargos, pese al pedido expreso de sus compañeros de bancada de que lo hagan.
Este primer aniversario de gestión de la Asamblea evidenció problemas en su estabilidad con relación a los cuatro años del anterior período. Por ejemplo, durante ese tiempo solo hubo una presidenta de la Asamblea: Gabriela Rivadeneira. Del mismo modo, solo se registró la renuncia de Fernando Bustamante a la Comisión de Seguridad. En AP había unidad de criterios, entonces.
En materia de fiscalización también hubo un cambio, señaló el coordinador de Creo, Homero Castanier. Durante los 12 meses se abrieron cinco procesos de juicio político en contra de Carlos Pólit, el exvicepresidente Jorge Glas, el exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa y Carlos Baca. A excepción de Glas, el resto de procesos terminó en censura en el Pleno.
Actualmente se tramita un nuevo pedido de juicio en contra de los integrantes del Consejo de la Judicatura, presidido por Gustavo Jalkh, excolaborador del gobierno del exmandatario Rafael Correa.
Aunque el oficialismo sufrió la fracción más evidente, también se fraccionó el movimiento Creo-SUMA. 34 legisladores abandonaron sus partidos y movimientos con los que ganaron y se sumaron a otras fuerzas.
Con este panorama, Cabezas arranca un nuevo año para cumplir la nueva agenda planteada. En el 2019 habrá recambio de autoridades, según la Ley de la Función Legislativa.
En contexto
La Asamblea Nacional se instaló el 14 de mayo del 2017. En la primera sesión se eligieron a las autoridades y José Serrano fue electo presidente. Fue destituido el 9 de marzo del 2018. En estos 12 meses ya no existe una mayoría establecida.