24 de marzo de 2020 14:29

117 asambleístas se instalaron en primera sesión virtual del Pleno

De los 137 legisladores, 117 se registraron para participar de la sesión, en la que por primera vez se instaló un acceso remoto a las curules para las votaciones.

De los 137 legisladores, 117 se registraron para participar de la sesión, en la que por primera vez se instaló un acceso remoto a las curules para las votaciones. Foto: Twitter / Asamblea Nacional

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Roger Velez

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El Pleno de la Asamblea Nacional se instaló esta mañana en una inédita sesión, a través de videoconferencia, para discutir un proyecto de resolución frente a la crisis generada por el coronavirus covid-19.

El debate inició, a las 11:30, luego de que el presidente del Parlamento, César Litardo (AP), pidiera guardar un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de la pandemia.

De los 137 legisladores, 117 se registraron para participar de la sesión, en la que por primera vez se instaló un acceso remoto a las curules para las votaciones.

La reunión estaba convocada para las 11:00, pero se instaló con media hora de retraso hasta que se hicieron los últimos ajustes para el funcionamiento de la plataforma virtual.


Hubo la entonación del Himno Nacional, como se estila en las sesiones que se realizan en el hemiciclo. Y para el minuto de silencio algunos se pusieron de pie detrás de las pantallas de sus ordenadores.

Litardo les hizo un llamado para presentar propuestas que no se queden en la "lírica".

La asambleísta independiente Mae Montaño llamó a sus colegas a donar por lo menos dos días de sus sueldos para ayudar a quienes no tienen recursos para afrontar la emergencia.

El pedido de Montaño fue respaldado por Guillermo Celi, de Suma, mientras que Litardo anunció que el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) ya trabaja en nuevas medidas de austeridad desde el Parlamento.


Desde el bloque correísta Pabel Muñoz y Vicente Taiano, del PSC, rechazaron que el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) llamara al Parlamento que se abstenga de pedir la comparecencia de ministros mientras dure la emergencia.

Por su lado, José Serrano, del bloque de AP y aliados, advirtió con procesos penales a funcionarios públicos si actúan con negligencia en medio de la emergencia.

A su vez, el oficialista Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, planteó un proyecto de resolución de 16 puntos, que entre otras cosas pide al Gobierno suspender temporalmente el pago de la deuda externa y luego emprender un proceso de renegociación.

El debate continuaba hasta pasadas las 14:00, al cierre de esta nota.

El proyecto que discute a la Asamblea dice:

Artículo 1.- Expresar nuestra solidaridad a las personas y familias que se encuentran afectadas por el coronavirus, COVID-19, y lamentar la pérdida de vidas producto de la pandemia.

Asimismo, agradecer por su entrega y trabajo comprometido en favor de la sociedad a todo el personal de salud, de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, a los trabajadores de los sectores estratégicos y a quienes conforman la cadena alimentaria, por garantizar el abastecimiento de alimentos, el funcionamiento de los servicios básicos y del sistema de salud.

Artículo 2.- Hacer un llamado a la unidad nacional ante la delicada situación sanitaria y económica que atraviesa el país por el COVID-19, para que, en el marco del respeto a la Constitución y la Ley, se acaten las disposiciones emitidas por el Gobierno Nacional a través de la declaratoria del estado de excepción y aquellas referentes a la salud y seguridad que emanen del Comité de Operaciones de Emergencia - COE Nacional-, donde prevalecerán los principios de orden, hermandad, colaboración y solidaridad entre los ecuatorianos.

Además, considerando las graves consecuencias que la pandemia está provocando en la sociedad, requerir que, de forma urgente, se convoque al Consejo de Seguridad del Estado para que en coordinación con todas las funciones del Estado se adopten las medidas y acciones necesarias para enfrentar la emergencia, en el marco de la Ley de Seguridad Pública y del Estado.

Artículo 3 .- Reconocer el rol trascendental que desempeña el Sistema Nacional de Salud Pública y la política de protección social, razón por la que se debe asignar de manera urgente los recursos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria, fortalecer las condiciones del servicio, contratación de nuevo personal y su bioseguridad, adecuar y habilitar suficientes hospitales y acelerar la importación de test de diagnósticos, respiradores, insumos y equipos médicos para equipar las unidades de cuidados intensivos y laboratorios, con el afán de precautelar la salud y bienestar de los ciudadanos afectados por el virus COVID-19.

Demandar al presidente de la República que, en virtud de la emergencia sanitaria, emita un Decreto Ejecutivo donde se disponga la entrega de un bono adicional de contingencia para los servidores del sector salud que sea equivalente al 50% del salario básico unificado, como un justo reconocimiento a quienes se encuentran en la primera línea del deber protegiendo la salud y la vida de todos los ecuatorianos.

Artículo 4.- Exigir al Gobierno Nacional a realizar las acciones necesarias para que en todas las provincias del país cuenten al menos con un laboratorio acreditado para realizar las pruebas diagnósticas para el COVID-19, de forma ágil, oportuna y gratuita para la ciudadanía.

Artículo 5.- Solicitar a la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera que, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, emita la regulación sobre la reducción de las tasas y costos de servicios financieros. De igual manera, que en cumplimiento de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación se emita la norma correspondiente para la suspensión, diferimiento, refinanciamiento, reestructuración o remisión de intereses y/o capital de operaciones de crédito otorgadas por la Banca Pública.

Artículo 6.- Exigir el compromiso al sistema financiero privado para que aplique una política similar que la banca pública, a fin de establecer facilidades en la reestructuración de créditos productivos, comerciales y de consumo, sin costo por moratoria o servicios de cobranza, así como la reinversión de sus utilidades en el sistema financiero para fortalecer el sistema productivo nacional.

Artículo 7.- Requerir al Gobierno Nacional para que realice la reprogramación de las deudas existentes y la suspensión temporal del pago de obligaciones de deuda externa, en condiciones soberanas. En igual sentido se hace un llamado al Gobierno Nacional a revisar las condiciones actuales de los contratos petroleros.

Artículo 8.- Exigir al Gobierno Nacional a negociar con los organismos multilaterales de crédito el establecimiento de planes emergentes de ayuda a países como el nuestro que necesitan enfrentar eficazmente los desafíos derivados del combate a la propagación del covid-19 y las consecuencias en la economía nacional.

Artículo 9.- Requerir al Gobierno Nacional, tomar medidas y políticas públicas, amparadas en la corresponsabilidad diferenciada, que permitan incentivar la economía nacional, el sistema productivo, la estabilidad económica, generación de empleo y la protección de las medianas, micro y pequeñas empresas, los trabajadores de la economía popular y solidaria y de aquellas personas que viven de su trabajo diario.

Demandar al sector productivo su compromiso para aunar esfuerzos que permitan superar la crisis económica y sanitaria, facilitando que los bienes y recursos productivos estén disponibles para la ciudadanía, además, garantizando los derechos laborales, la continuidad de la actividad productiva y precautelando los empleos e implementando alternativas al trabajo convencional como el teletrabajo.

Artículo 10.- Exigir al Gobierno Nacional a tomar las medidas necesarias para que el frente externo de la economía no siga afectándose, evaluando la posibilidad de tomar las medidas arancelarias que sean pertinentes para reducir el consumo de bienes suntuarios importados, así como determinar tarifas cero y agilitar los procesos de desaduanización para la importación de insumos necesarios que sirvan para enfrentar la crisis sanitaria.

Artículo 11.- Demandar a que el Gobierno Nacional, a través de las Embajadas y Consulados para que tome las medidas necesarias frente a la situación de los ecuatorianos que se encuentran fuera del país y que buscan retornar para reunirse con sus familias, con énfasis en los casos de menores de edad y grupos de atención prioritaria; y, se coordine desde el Ministerio de Relaciones Exteriores las diligencias pertinentes con otros Estados y junto a organizaciones de derechos humanos para el retorno de los ecuatorianos que necesiten hacerlo.

Artículo 12.- Recordar a otras instancias institucionales que la declaratoria de estado de excepción se circunscribe al área de salud y al combate a la pandemia por contagio del COVID-19 y, por consiguiente, la Asamblea Nacional estará vigilante para ejercer su facultad fiscalizadora frente a abusos en la extensión de las declaratorias de emergencia por parte de entidades diferentes a las competentes para atender la crisis sanitaria.

Artículo 13.- Solicitar a todas las organizaciones políticas del país acordar un período de consenso, diálogo por la unidad nacional y responsabilidad social, que trascienda de visiones ideológicas, para que todas las funciones del Estado puedan planificar las respuestas inmediatas y a largo plazo por la crisis social, de salud y económica que deja la pandemia del COVID-19, y enfrentarla atendiendo los derechos y necesidades de toda la población en especial de los más vulnerables.

Artículo 14.- Requerir al Consejo de la Judicatura y a la Defensoría del Pueblo que, en el marco de sus competencias, implemente la atención mediante plataformas virtuales para garantizar el acceso a mecanismos de denuncia y protección frente a posibles afectaciones al ejercicio de los derechos del consumidor por el acaparamiento de bienes de primera necesidad, los derechos sociales y laborales de la población; mecanismos que deben garantizar transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, consentimiento informado, debido proceso, acceso a la justicia y reparación integral. Se conmina al Consejo de la Judicatura para que se mantengan los mecanismos que permitan contar con instancias judiciales que recepten denuncias de infracciones flagrantes y de casos de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres que probablemente se incremente en el marco de la crisis sanitaria.

Artículo 15.- El Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán revisar su programación presupuestaria y fijar nuevas prioridades acorde con la situación actual del país, priorizando aquellas que dinamicen la economía y generen fuentes de empleo, evitando todo tipo de gastos no prioritarios, controlando el gasto de equipamiento en defensa y, dando prioridad al equipamiento de hospitales y centros de atención a la salud.

El Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados garantizarán la provisión de los servicios básicos de agua potable, energía eléctrica, comunicación e internet y de recolección de basura para todos los hogares ecuatorianos, suspendiendo temporalmente los cortes por falta de pago, mientras permanezca vigente la emergencia sanitaria en el país y establecer mecanismos para la disminución, el diferimiento, remisión o reprogramación de las deudas que se generen por estos y otros conceptos como servicios que brindan las instituciones, en especial para los grupos más vulnerables.

Artículo 16.- La Asamblea Nacional brindará todo el respaldo y trabajará de manera coordinada en el tratamiento de las iniciativas de ley que sean necesarias para superar la crisis económica y sanitaria que atraviesa el Ecuador.

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