Asamblea aprobó reforma con ajustes a dos temas sensibles

La Ley Orgánica de Equilibrio de las Finanzas Públicas fue aprobada con 93 votos a favor, 29 en contra y tres abstenciones. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

La Ley Orgánica de Equilibrio de las Finanzas Públicas fue aprobada con 93 votos a favor, 29 en contra y tres abstenciones. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

La Ley Orgánica de Equilibrio de las Finanzas Públicas fue aprobada con 93 votos a favor, 29 en contra y tres abstenciones. Foto: Pavel Calahorrano / EL COMERCIO

La Asamblea aprobó ayer, 26 de abril, la Ley Orgánica de Equilibrio de las Finanzas Públicas, con dos ajustes de fondo. El debate fue polémico, principalmente por las críticas de la oposición frente al ajuste impositivo a 10 días de un terremoto que devastó dos provincias costeras.

El primer ajuste que hizo la Legislatura tiene que ver con las asignaciones a los municipios y prefecturas.

El proyecto original, remitido por el Ejecutivo, fijaba que la asignación del Estado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) ya no será fija sino variable, en función de los ingresos con los que cuente el Fisco.

Esto en momentos en que la caída del precio del crudo golpea a la caja fiscal.

La asambleísta de Madera de Guerrero, Cynthia Viteri, indicó que es absurdo incluir a GAD de las zonas afectadas por el movimiento telúrico en una reforma que les quitará presupuesto.

Para Mae Montaño, de Creo, dijo que también es importante que se garantice la protección de la propiedad de los propietarios de áreas devastadas.

El oficialismo se defendió e indicó que busca proteger a estas provincias. Para ello, el asambleísta de Alianza País (AP), Carlos Bergman, propuso ajustes entre los que está que a través de Decreto se compense a los GAD de Manabí, del sur de Esmeraldas y de otras jurisdicciones, en caso de haber una reducción de ingresos.

De esta manera, no se modificará la asignación inicialmente contemplada en el Presupuesto del Estado de este año para estas zonas.

Pero a la oposición también le generó molestia que el oficialismo insista en que el proyecto tiene objetivos de salud pública.

Fernando Bustamante, ex AP, consideró que la reforma no reducirá el consumo de azúcar, nicotina y alcohol, ya que las personas prefieren gastar más a dejar de adquirir dichos productos. “Se trata de una medida fiscalista” únicamente, enfatizó.

El segundo tema que también generó polémica desde el inicio del tratamiento de la Ley fue el alza del ICE a las bebidas azucaradas. Inicialmente, el Ejecutivo planteó un impuesto de USD 0,25 por litro y solo a gaseosas. Pero la Asamblea amplió a otras bebidas azucaradas. La industria advirtió de afectación que tendrá la medida en más de 400 000 tiendas y pequeños negocios dedicados a la venta de estos productos.

De ahí que el oficialismo decidió hacer varios ajustes al texto. En el último debate estableció que el tributo será según la cantidad de azúcar, partiendo desde USD 0,18 por cada 100 gramos de azúcar por litro de bebida.

Se exceptúan bebidas lácteas, agua mineral y jugos con más del 50% de contenido natural. Aunque la Asamblea llegó a considerar excluir a las bebidas con edulcorantes, en el texto final aprobado ayer ya no contempló este tema.

El tema del dinero electrónico también generó críticas en el último día del debate.

La Ley plantea reducir dos puntos del impuesto al valor agregado (IVA) a todas las operaciones hechas a través de dinero electrónico para impulsar el uso de este medio de pago. Legisladores de oposición se preguntaban si todos los oficialistas habrían hecho depósitos en físico en el Banco Central.

Tras seis horas de análisis se votó por el texto final. Todo el proceso fue rápido, tomando en cuenta el apremio de la legislatura por seguir con el debate del nuevo proyecto tributario urgente que llegó el viernes pasado.

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