El Pleno de la Asamblea, ayer, durante la votación del proyecto de reformas al Código Orgánico Penal. Foto: Cortesía Asamblea
Los votos del bloque de Alianza País (AP) fueron claves para que, este martes 17 de diciembre del 2019, la Asamblea no diera paso a la mayoría de las 37 objeciones que el Ejecutivo hizo a la reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En 25 artículos, la Legislatura se ratificó en el proyecto que fue aprobado por el Pleno el 27 de septiembre pasado. Y solo se allanó a 12 que contenía el veto presentado por el presidente Lenín Moreno.
La propia coordinadora del oficialismo y ponente de la reforma, Ximena Peña, amparada en la independencia de funciones del Estado, defendió la decisión en el hemiciclo.
Peña rechazó que el Ejecutivo haya pretendido que se incluyeran en el texto nuevas circunstancias agravantes en caso de una infracción penal, entre ellas: haber perpetrado la infracción en contra de servidores del orden, médicos, periodistas u otros en momentos de conmoción social.
La legisladora evidenció que esos planteamientos del Ejecutivo guardaban relación con los hechos vinculados al paro nacional de octubre pasado y que no habían sido aprobados ni debatidos por el Pleno.
“Por eso creemos que es pertinente mantener el texto aprobado por la Asamblea porque no podemos legislar por la calentura o por la coyuntura del momento”, sentenció Peña al cierre del debate.
La Comisión de Justicia, que preside Peña, había planteado que, para la votación, el texto se dividiera en dos partes: por un lado, las ratificaciones y, por otro, los allanamientos.
Sin embargo, los desacuerdos entre los parlamentarios en temas como la aplicación de la prelibertad para delitos graves o las medidas sustitutivas para casos de reincidencias conllevó a que el articulado se dividiera en cuatro paquetes para resolución del Pleno.
En lo relacionado con la prelibertad, solo el correísmo se opuso a la ratificación. Marcela Aguiñaga, integrante del grupo, indicó que eso atenta contra el principio de la rehabilitación social del preso.
Pero esa postura no tuvo peso al momento de la votación, pues se aprobó con 94 votos cuando se requerían 91, es decir, las dos terceras partes del Pleno de la Legislatura.
Así también, la Asamblea Nacional se ratificó en tipificar los delitos de desaparición involuntaria y la violación incestuosa, en contra de los reparos de Carondelet.
El presidente de la Comisión que se encarga del tema de los desaparecidos, Absalón Campoverde (Creo), consideró que el veto del Ejecutivo en este ámbito pudo haber provocado una confusión con los casos de secuestro.
El Parlamento se ratificó también en el artículo 30, que se refiere a la afectación al principio de igualdad en el trato preferente que tienen los policías y los servidores penitenciarios, cuando son encausados por ejercicio de sus actividades.
Por otra parte, insistió en la necesidad de un procedimiento unificado, especial, y expedito para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. “Esta reforma defenderá a las víctimas, no a los criminales. Hemos cumplido con el país”, dijo el presidente de la Asamblea, César Litardo, al concluir la votación en el Pleno.
Una vez terminado el debate, en las barras altas se escucharon aplausos. Estos provenían de los aficionados a las peleas de gallos. El Pleno había decidido allanarse a 12 de los artículos vetados. Entre ellos, uno que excluye de sanciones por maltrato animal a los gallos, que no serán considerados como fauna urbana, a diferencia de los perros, por ejemplo.
Entre los allanamientos también consta que los denunciantes de actos de corrupción puedan ser protegidos en su identidad, a través de un código alfanumérico.
El Parlamento acogió, además, el pronunciamiento de la Corte Constitucional, en el sentido de que no procede la aplicación de la figura del comiso sin sentencia y el juzgamiento en ausencia de responsables de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
Sin embargo, los parlamentarios resaltaron que otras figuras como el comiso ampliado y a terceros, que sí se mantienen en el COIP.
Además, los asambleístas resaltaron que la reforma también permitirá identificar con fotografías en medios de comunicación a personas detenidas en delito flagrante en algunos casos.
Tras la decisión del Pleno, el texto de la reforma irá al Registro Oficial para su aplicación.
En el orden del día de la sesión 640 del Pleno constaba también una resolución sobre el proyecto de ley para el registro de violadores, que fue declarado inconstitucional por la Corte. Sin embargo, por decisión de Litardo, eso se pospuso debido a la falta de acuerdos.
Lourdes Cuesta (ex Creo) consideró que el tema quedaría para enero. Como ponente del proyecto, ella se acogió al derecho a la resistencia y se negó a mocionar el archivo.