La propuesta del Ejecutivo, de modificar el Impuesto a la Herencia, sufrió una modificación. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.
La propuesta del Ejecutivo, de modificar el Impuesto a la Herencia, sufrió una modificación, un día después de que el presidente Rafael Correa anunciara el envío del texto a la Asamblea Nacional. A las 20:44 del 5 de junio de 2015 llegó a la Asamblea, con carácter de urgente en materia económica, el proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza.
El Mandatario, quien impulsa la reforma, anunció, en la ciudad de Montecristi (Manabí) durante la conmemoración de los 120 años de la Revolución Liberal, que incluyó una nueva tabla para el cálculo del Impuesto a la Herencia.
En efecto, el proyecto tiene dos tablas. La primera establece la tasa de hasta el 77,5% que anticipó el Presidente el 24 de mayo pasado. Una segunda tabla que tiene una tasa marginal máxima del 47,5% se aplicará para los herederos directos. “Esto nos pone por debajo de países como Japón y Corea”, dijo el Mandatario.
Según el proyecto de Ley, en el caso de herencias y legados se tendrá derecho a rebajas entre el 2% y 10% siempre que el pago del impuesto se realice dentro de los plazos previstos.
Correa reiteró los argumentos según los cuales se busca modificar la ley sobre herencias, que actualmente establece un impuesto máximo del 35%. “Del 2010 al 2014 solo cinco ecuatorianos heredaron más de un millón de dólares. Estos afortunados tendrían que pagar (ahora) un impuesto marginal del 47,5%”.
El Mandatario también insistió en su propuesta de que el impuesto se pueda pagar a través de la venta de acciones a los trabajadores. En ese sentido, sostuvo que en el país el número de familias que poseen acciones en las empresas es menos del 2%. “El 90% de las sociedades anónimas y compañías limitadas son de propiedad familiar, así como los principales conglomerados empresariales”.
Los empresarios tienen una lectura diferente sobre la ley. Por segunda ocasión esta semana se citaron, esta vez en Guayaquil, los representantes de las cámaras y federaciones de los sectores productivos, para tratar sobre el proyecto. En la cita todavía se desconocía la propuesta del Presidente sobre una segunda tabla para los herederos.
Henry Kronfle, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, cuestionó la propuesta de que las empresas vendan acciones a sus empleados como forma de pagar el impuesto. “Desde el punto de vista teórico vende muy bien, pero desde el punto de vista práctico tiene otras connotaciones. ¿Las deudas de una empresa también las va asumir ese trabajador? Cuando se deba poner dinero para operar la empresa, porque le hace falta plata, ¿va a estar en capacidad ese trabajador, como accionista, de poner plata también?”.
Por la tarde, Kronfle se refirió sobre la tasa del 47,5%. “De ninguna manera podemos estar de acuerdo en que en vez de que se le quite tres cuartas partes del patrimonio a la persona, se le quite la mitad , como para decir bueno ya con eso quédate tranquilo”.
Los empresarios solicitaron al Mandatario no enviar el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, considerando que no hay prisa para hacerlo.
Para el presidente de la Federación Nacional de Industrias del Ecuador, Richard Martínez, el proyecto, tal como está planteado, tendrá un efecto irreversible en las actividades productivas del país. “Las empresas familiares son el orgullo del país, no se puede, no se debe atentar contra el núcleo familiar”.
Según el dirigente, más del 80% de las empresas tienen una estructura familiar. “Actualmente el país tiene cerca de 60 000 empresas, estamos hablando de que 50 000 o más tienen un núcleo familiar detrás. Además, el sector productivo genera el 85% del empleo total en el país”.
El presidente Correa reiteró en Montecristi que el impuesto no tiene fines recaudatorios, sino de redistribución de la riqueza. “El impuesto busca justicia, redistribución, pasar de una aristocracia a una verdadera democracia”.
Enrique Pita, presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción, consideró que el impacto del incremento del impuesto se reflejará negativamente en el sector. “Son muchas las personas para quienes la inversión en bienes inmuebles es una forma de ahorro y legítima de preservar una jubilación justa”.