La Asamblea aún no tiene su hoja de ruta

Ximena Peña, asambleísta de Alianza País, conversa con el legislador de la Revolución Ciudadana, Juan Lloret. Foto: Alfredo lagla / EL COMERCIO

Ximena Peña, asambleísta de Alianza País, conversa con el legislador de la Revolución Ciudadana, Juan Lloret. Foto: Alfredo lagla / EL COMERCIO

Ximena Peña, asambleísta de Alianza País, conversa con el legislador de la Revolución Ciudadana, Juan Lloret. Foto: Alfredo lagla / EL COMERCIO

Mañana (sábado 13 de abril del 2018) se cumplen 11 meses desde la instalación de la Asamblea Nacional y hasta el momento no ha habido una hoja de ruta para priorizar leyes dentro de las comisiones o del Pleno. El lunes (15 de abril del 2018) se tendría una primera agenda legislativa que servirá como base de trabajo del período en el que Elizabeth Cabezas actúe como presidenta. Resta un año y un mes para cambiar de autoridades.

Las propuestas económicas ocuparán gran parte del debate en el Legislativo. El presidente Lenín Moreno presentó, el 2 de abril pasado, las líneas generales del Programa Económico de Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva, el cual tiene cuatro ejes y 14 medidas, entre ellas constan la reducción del gasto público, nuevos tipos de contratos y reformas a los impuestos.

Para concretar las medidas se deben crear o modificar leyes. En el período legislativo anterior y en lo que va de este Gobierno, se han enviado las propuestas económicas del Ejecutivo a la Comisión de Régimen Económico.

Pero la coyuntura política en el Legislativo provocaría cambios. Esta mesa está presidida por Pabel Muñoz, del grupo Revolución Alfarista. También la integran otros tres legisladores de esta misma agrupación, que se han mostrado críticos a las políticas gubernamentales. A ellos hay que sumar a los asambleístas de Creo y del Partido Social Cristiano, quienes han descartado el apoyo a medidas impositivas.

Una de las alternativas es enviar las leyes a la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el oficialista Esteban Albornoz, indicó una de las coordinadoras de Alianza País, Ximena Peña. Con ella está de acuerdo Luis Fernando Torres, legislador por el Partido Social Cristiano.

Pero el Ejecutivo también priorizará otras leyes que tienen que ver con el aumento de la producción, el desarrollo social y el cumplimiento del plan de Gobierno, indicó el consejero político presidencial Augusto Barrera. El Ejecutivo tiene una matriz con 20 proyectos que impulsará. Seis de ellas son nuevas y el resto son reformas. En este grupo está la normativa para cumplir con la meta de tener viviendas de interés social.

La presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, convocó el lunes último a una primera reunión para esbozar una agenda en conjunto con los jefes de bancada. A la cita no se invitó a los miembros de Revolución Alfarista.

Muñoz pidió a Cabezas la inclusión del grupo correísta en la construcción de la agenda. Señaló que se debe generar el ambiente para superar disputas y hacer propuestas. El grupo correísta suma 29 legisladores, pero no es una bancada legalmente constituida.
Entre las preocupaciones del grupo están crear normas que sirvan para reducir el desem­pleo y aumentar la producción. A él “no le quita el sueño” si las leyes económicas del Ejecutivo no van a su mesa. Mencionó que compartirá sus propuestas en caso de que tenga que acudir a otra comisión.

Los cambios a la Ley de Seguridad Pública y del Estado también son una prioridad de las distintas fuerzas políticas. Los ataques en la frontera norte crearon la necesidad de debatir una reforma prioritaria a este cuerpo normativo.

Por su parte, el Partido Social Cristiano también impulsará reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para combatir la inseguridad interna. Se basarán en un documento que presentaron los concejales y el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, que busca evitar la caducidad de la prisión preventiva en cuatro delitos: robo, secuestro, inviolabilidad de la integridad sexual y abuso o violencia de la mujer o miembros del núcleo familiar.

El movimiento Creo buscará incluir en la agenda el desarrollo de las reformas a la Ley de Comunicación. Desde esta bancada, la asambleísta Jeanni­ne Cruz presentó ayer su proyecto que busca reemplazar la Superintendencia de Comunicación por un consejo. También, reducir el porcentaje de las multas a los medios y precautelar la integridad de los periodistas.

Creo, el movimiento SUMA y la Bancada de Integración Nacional buscarán impulsar propuestas económicas, de seguridad y cambios a las leyes de Educación y de Salud que están en debate.

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