La propuesta de reestructuración de la Comisión de Fiscalización obtuvo 85 votos a favor, 13 en contra y 34 abstenciones. Foto: Twitter Asamblea
El próximo lunes 14 de septiembre del 2020 la Asamblea efectuará la reestructuración de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, que se encarga de tramitar los pedidos de juicio político.
El Pleno alcanzó la mayoría para esta decisión, al quinto intento y con base a una resolución de Pabel Muñoz, del bloque de la Revolución Ciudadana. Esto se dio en la sesión 681 que se retomó al mediodía de este jueves 10 de septiembre de 2020, en modalidad virtual.
La moción de Muñoz dice que la nueva conformación de la Comisión corresponderá “a la representación política de la Asamblea”. La propuesta obtuvo 85 votos a favor, 13 en contra y 34 abstenciones.
La moción de Pabel Muñoz, no obstante, es muy similar a la que ya aprobó el Pleno el 27 de agosto pasado cuando dispuso a Litardo para que convoque al Pleno para cambiar a los integrantes de la Comisión.
“En democracia hemos resuelto este punto como tiene que ser siempre en la Asamblea”, expresó el presidente del Parlamento, César Litardo (AP), al suspender la sesión. Mientras Muñoz planteó al Pleno “actuar sin cálculo político y sin dedicatoria para nadie”.
Previamente, hubo otras cuatro mociones que fueron presentadas por los asambleístas Alberto Arias, José Serrano, ambos del bloque de AP-aliados, Héctor Yépez (exCreo) y Fernando Flores (Creo), que no lograron la mayoría absoluta (70 votos) para ser aprobadas.
“¿A qué estamos jugando? Resulta hoy que el asambleísta Pabel Muñoz presenta, únicamente cambiando la fecha, la misma moción que yo había presentado el día de ayer y por la que votaron en contra”, increpó Serrano.
El expresidente del Parlamento dijo que se trata de la misma moción “cambiando cuatro palabras y cambiando una fecha”. En su caso solo alcanzó 29 votos a favor, 65 en contra, 1 blanco y 37 abstenciones.
Pronunciamiento del Procurador
La primera de las mociones fue presentada por Alberto Arias, del bloque de AP-aliados, para que se acogiera con el carácter de vinculante un pronunciamiento del procurador General del Estado, Íñigo Salvador.
En el documento, Salvador señaló que el Parlamento no cuenta con una base legal que permita reestructurar a sus comisiones especializadas permanentes, que no sea al iniciar o a mitad de su periodo.
La moción de Arias, uno de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, obtuvo 48 votos a favor, 74 en contra, 1 blanco y 9 abstenciones, y no fue aprobada.
Incluso derivó en amenazas de juicio político contra el Procurador por parte de Fernando Flores (Creo) y César Rohón (PSC), por supuesta arrogación de funciones.
Otras mociones
La propuesta de Yépez, en cambio, sugería que la Comisión sea integrada por los asambleístas Mercedes Serrano (PSC), Ramón Terán (PSC), Bairon Valle (RC), Esteban Melo (RC), Luis Pachala (Creo), Silvia Vera (Creo), Jorge Corozo (AP), Xavier Casanova (AP) y Roberto Gómez (exCreo).
El hecho de que dejara afuera a los bloques de Integración Nacional (BIN) y de Acción Democrática (BADI) generó el rechazo de estas bancadas. Franco Romero (BADI) la tachó como una propuesta “manifiestamente ilegal”.
El proyecto de Muñoz debía ser votado ayer, 9 de septiembre, pero Litardo la suspendió hasta hoy por falta de acuerdos. La reinstalación estaba prevista para las 11:00 pero se retomó casi dos horas más tarde y, al final, no fue aprobada por falta de cinco votos.
La moción de Flores, en cambio, alcanzó 60 votos. Su intención era que dos representantes de su bancada, dos de AP, dos del PSC, dos del Bloque de Integración Nacional (BIN), 1 de la Revolución Ciudadana, 1 del Bloque de Acción Democrática (BADI) y un representante de los asambleístas independientes, integren la nueva Comisión.
La resolución estuvo precedida de un debate del que participaron 26 legisladores de todas las bancadas, en el que afloraron divergencias sobre la legalidad de la resolución.
La decisión se da tras la renuncia del vicepresidente de la Comisión, Eliseo Azuero (BADI) y Daniel Mendoza, excoordinador del bloque de AP-aliados, quienes afrontan procesos judiciales por supuesta delincuencia organizada.