José Serrano, titular de la Asamblea, junto a legisladores y empresarios, el miércoles 19 de julio de 2017. Foto: Cortesía Twitter José Serrano
Los asambleístas oficialistas y los de la oposición están dispuestos a revisar las cuatro propuestas de reformas económicas planteadas por gremios del sector productivo el miércoles 19 de julio de 2017 y que también están en la agenda de debate del Ejecutivo.
El diálogo iniciado entre asambleístas y empresarios busca acortar los plazos para definir las reformas legales necesarias para reactivar la economía del país.
En un taller realizado el miércoles, sectores productivos plantearon a los presidentes de la Asamblea y comisiones legislativas cuatro ajustes que pueden ser tratados en el corto plazo por la Asamblea.
Estos son: modificar el Código de la Producción, la Ley de Alianzas Público Privadas (APP), el Código Monetario y Mercado de Valores y derogar la Ley de Plusvalía.
Según Patricio Alarcón, titular de la Federación de Cámaras de Comercio, los ajustes permitirán atraer rápidamente inversión y dinamizar la economía. Las modificaciones debieran hacerse en un plazo máximo de 60 días.
La idea es que se traten de manera acelerada en el Legislativo y no dentro del Consejo Consultivo Productivo y Tributario que tiene 90 días para presentar sus propuestas en materia económica.
Sin embargo, los temas vinculados a impuestos requieren de un proyecto que sea enviado por el Ejecutivo, que ha anunciado su apertura a la revisión de algunos temas; entre ellos, el anticipo al impuesto a la renta (IR) y ajustes a las APP.
El presidente de la Asamblea, José Serrano, señaló que la próxima semana se conformarán mesas de trabajo para el análisis de los temas. Aunque no mencionó plazos, dijo estar abierto a revisar esos temas, incluidos la Ley de Plusvalía y el anticipo al IR.
Para dar paso a reformas legales o derogatorias de leyes, la Asamblea requiere de la mayoría absoluta; es decir, 69 votos.
Aunque hay legisladores del oficialismo, que tiene la mayoría en el Legislativo, que comparten la declaración de Serrano, hay otros que reconocen que eliminar el anticipo del impuesto a la renta o derogar la Ley de Plusvalía supondría un retroceso a los logros obtenidos en el pasado.
El bloque oficialista de Alianza País (AP) todavía no tiene en agenda la construcción de leyes o reformas económicas. Ximena Peña, coordinadora de la bancada, dice que esto podría tratarse en agosto, luego de aprobar la Proforma. Su llegada está prevista para el 28 de julio.
Alarcón considera que 60 días son un plazo razonable para los ajustes, pero no tiene la seguridad de que se pueda concretar. Cree que desde el Ejecutivo hay la voluntad para tratar los temas, en especial el relativo a la Ley de Plusvalía.
Otros ajustes como la revisión del anticipo al IR y la eliminación progresiva del impuesto a la salida de divisas son de mediano plazo y deberán pasar por el Consejo Consultivo, dijo Alarcón.
Empresarios requieren más incentivos
El Código Orgánico de la Producción entró en vigencia en el 2010. Sin embargo, los empresarios aseguran que ha habido poca efectividad en cuanto a los incentivos que este ofrece. Para resolver esto entre las propuestas está que la exoneración del impuesto a la renta se aplique para las empresas a 10 años y no a cinco; plantean que se apliquen los beneficios para inversiones hechas en Quito y Guayaquil.
Con relación a esto último el titular de la Asamblea, José Serrano, señaló que “eso hay que revisarlo inmediatamente”. Además, de estas reformas los empresarios piden ajustes en cuando al ISD y el anticipo al IR. Sobre este último tributo el oficialista Esteban Melo indicó que en etapa de ralentización económica puede ser factible que ese tributo no se cobre o, al menos, no en los niveles actuales. Recordó que este ha sido uno de los mecanismos para la financiación del Estado. César Rohón, del Partido Social Cristiano, cree que esta figura debe ser eliminada definitivamente.
Independencia para concretar APP
Los empresarios buscan que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) puedan, de manera independiente, concretar Alianzas Público Privadas (APP). La idea es que no dependan de entidades del Estado central para su aprobación. Los gremios consideran que con esto se aliviará el gasto del Gobierno. Daniel Mendoza, legislador oficialista, considera que los cambios en esta normativa son un compromiso de la Asamblea.
Explica que la existencia del Comité Interinstitucional que valida los modelos APP, en la práctica ha obligado a que los GAD encuentren un mecanismo para evitarlo y valerse de la Ley de Empresas Públicas para no hacer alianzas con empresas privadas.
Homero Castanier (Creo), por otro lado, explica que un cambio fundamental en este tema debe ir ligado a la Ley de Contratación Pública. Asegura que se deben plantear reformas para que la contratación entre todos los niveles de Gobierno y consorcios privados sea posible y directa.
Gremios piden derogar Ley de Plusvalía
La derogación de la Ley de Plusvalía es un aspecto clave para los empresarios. Jaime Rumbea, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador, explicó que sin reformas a la norma, la cual influyó en el derrumbe de la construcción y concreción de nuevos proyectos, se frena más la economía nacional y se posterga la reactivación de esta área productiva.
Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de lo Económico del Legislativo, indicó que no van a retroceder en evitar la especulación de la tierra. Sin embargo, dijo que toda ley es perfectible. Sus coidearias Ximena Peña y Soledad Buendía, por su parte, dijeron que será muy difícil encaminar reformas en esta norma. Peña cree que los sectores productivo y empresarial deben empezar por ceder, ya que al pedir una derogación total se limita el diálogo. Desde el lado de la oposición, Wilma Andrade, de la Izquierda Democrática, apoya la derogación, pues cree que la normativa frenó la actividad inmobiliaria.
Privados piden manejar dinero virtual
En cuanto a la parte monetaria y de mercado de valores los empresarios consideran que se debe permitir algunos cambios entre los que está la posibilidad para que el sector privado maneje el dinero electrónico. Sobre ello, Édison Garzón, representante de la agrupación ProPonle al Futuro y miembro del Consejo, indicó que está plenamente de acuerdo con que se haga este cambio.
Sobre el mercado de valores, por su parte, las propuestas gremiales giran en torno a la eliminación del impuesto a la ganancia de capital en compraventa de acciones, incentivos para la participación de privados en el mercado de capitales, etc.
Carlos Bergmann, vicepresidente de la Asamblea, califica este tema como “sensible”. No se anima a opinar sobre la posibilidad de reformas sin conocerlas a detalles. Mientras que el socialcristiano Henry Kronfle, explicó que se debe crear un mercado secundario de valores. Con esto, los fondos de pensiones se podrían invertir en acciones de compañías.
En contexto
El presidente de la Asamblea, José Serrano, indicó que se busca conocer el trabajo realizado por el Consejo Consultivo para procesarlo en las mesas legislativas de trabajo, que se integrarán la próxima semana. La información se enviará a las comisiones.
