27 de noviembre de 2020 00:00

La Asamblea Nacional va por 11 temas, entre ellos corrupción

En la foto, el presidente de la Asamblea Nacional, Cesar Litardo, durante una entrevista en las instalaciones de Diario EL COMERCIO. Foto: David Landeta / El Comercio

Cesar Litardo convocó a la sesión 688 del Pleno en modalidad virtual. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Política

El presidente de la Asamblea, César Litardo, convocó a la sesión 688 del Pleno en modalidad virtual, mañana 28 de noviembre del 2020. El orden del día contiene 11 asuntos, entre ellos el debate de siete proyectos de ley y la creación de un Comité de Ética.

La agenda -que es inusual para una sesión en fin de semana- incluye el primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en materia anticorrupción, cuyo informe para primer debate fue entregado el pasado miércoles, por la Comisión de Justicia.

El texto es parte de los compromisos del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para obtener un crédito de USD 2 000 millones, y deberá ser aprobado hasta mediados de diciembre próximo.

La propuesta fue enviada por el presidente Lenín Moreno a la Asamblea, en marzo pasado. Y en mayo remitió otra para endurecer las sanciones en casos de corrupción durante la contratación pública de emergencia, tras los escándalos que se dieron en compras de insumos para enfrentar el covid-19.

En el proyecto se tipifican nuevos delitos, como el de la elusión de procedimientos de contratación pública de emergencia. También el tipo penal de “actos de corrupción en el sector privado”, que será sancionado con pena de uno a tres años de cárcel, y multa de 300 a 1 000 salarios básicos. En la agenda consta el primer debate de un paquete de reformas penales para combatir al comercio ilícito.

Además, el Pleno deberá resolver las objeciones del Ejecutivo a la reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, y al proyecto de
modernización a la Ley de Compañías.

Entre tanto, irán a segundo debate y aprobación del Pleno el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, y la reforma a dos artículos de la Ley de la Comunicación, que llevan en trámite más de un año.

La reforma a la Ley de Comunicación se compone de dos artículos y una disposición final, con los que se eliminará a la comunicación como un servicio público y se incluirá una definición sobre el sistema de comunicación social. El texto fue aprobado el lunes pasado, después de 17 meses de análisis en la Comisión de Derechos Colectivos.

La Ley de Extinción, en cambio, apunta a la recuperación de bienes de origen ilícito o injustificado. El proyecto incluye las figuras de la retrospectividad y la imprescriptibilidad, con las que se pretende que el Estado pueda hacerse de bienes de casos de corrupción, aunque tiene algunos reparos de constitucionalistas.

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