17 de abril de 2019 00:00

Dos bloques insisten en interpelar a María Fernanda Espinosa

Cristina Reyes (PSC), acompañada de asambleístas de Creo, ayer, tras una rueda de prensa en la Asamblea. Foto: Vicente Costales/EL COMERCIO

Cristina Reyes (PSC), acompañada de asambleístas de Creo, ayer, tras una rueda de prensa en la Asamblea. Foto: Vicente Costales/EL COMERCIO

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A la Asamblea le quedan menos de dos meses (56 días) para decidir si se da paso a la interpelación de la excanciller María Fernanda Espinosa, por supuesto incumplimiento de funciones.

Eso, en virtud de que la Constitución solo permite este tipo de control político a los exfuncionarios públicos hasta un año después de su renuncia.

La dimisión de Espinosa fue aceptada el 11 de junio del año pasado por el primer mandatario, Lenín Moreno. Actualmente, ella ocupa la Presidencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

El hecho de que el Ejecutivo reconociera que hubo irregularidades en la entrega de la nacionalidad ecuatoriana al ‘hacker’ australiano Julian Assange, durante la gestión de la exfuncionaria, volvió a poner a Espinosa en la mira de dos bloques parlamentarios.

Con el respaldo de más de 50 firmas de asambleístas, Cristina Reyes (PSC), Byron Suquilanda, Fernando Flores y Marcelo Simbaña, de Creo, presentaron el 31 de mayo pasado un pedido de juicio político contra la exfuncionaria.

Ayer, ellos se presentaron en una rueda de prensa y pidieron públicamente a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas (AP), que remita de inmediato el expediente para su procesamiento en la Comisión de Fiscalización.

La solicitud fue calificada por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) el 26 de marzo pasado.

La Ley de esta Función del Estado otorga unos 20 días a la Comisión parlamentaria para sustanciar un proceso de este tipo y recomendar al Pleno si procede o no una censura, aunque hay casos que se han quedado en un “limbo jurídico” por desacuerdos.

La oficialista María José Carrión, presidenta de esa mesa, cree que sí será factible entregar un informe antes de que culmine el plazo para el control político, a pesar que el 14 de mayo el Parlamento deberá ser reestructurado.

“Como bloque todavía no se ha topado el tema”, apuntó Lenín Plaza, uno de los coordinadores de AP. Sin embargo, subrayó que se deberá respetar el debido proceso para que ella pueda defenderse.

La naturalización para Assange fue suspendida el miércoles pasado por el canciller José Valencia, en la víspera de que el Gobierno diera por terminado el asilo de Assange en la Embajada en Londres.

Valencia procedió a la declaratoria de “acto administrativo lesivo”, entre otros motivos, debido a inconsistencias en firmas y posible alteración de documentos.

Si bien esta medida puede ser apelada por el equipo jurídico del ‘hacker’ australiano, el presidente Moreno manifestó el lunes en una entrevista que incluso Assange pudo haber “engañado” a la Cancillería.

La asambleísta Reyes, por su parte, también llamó a Moreno a que “corte el financiamiento” para Espinosa, quien reside en Nueva York, Estados Unidos, en donde tiene su sede la ONU. La legisladora exhibió documentos según los cuales el Estado le entrega a Espinosa más de medio millón de dólares por concepto de residencia y manutención.

El PSC y Creo buscan que Espinosa también rinda cuentas por el manejo de la crisis de seguridad en la frontera con Colombia, en 2018, y por la desatención a los ecuatorianos que viven en Venezuela.

Declaraciones de la excanciller Espinosa sobre asilo de Assange

11 de enero de 2018
“Se generarían responsabilidades al Estado ecuatoriano frente al cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos”.

15 de enero del 2018
“Ecuador es un país respetuoso de los derechos humanos y si él (Assange) solicita ser naturalizado ecuatoriano, hay que cumplir la ley”.

7 de febrero del 2018
“Ha habido pronunciamientos del fiscal de Estados Unidos y de un director de la CIA señalando que ven a Julián Assange como sujeto de una posible detención”.

9 de mayo del 2018
“Estamos buscando una salida, pero esa salida tiene que enmarcarse dentro del derecho internacional de los derechos humanos”.

En contexto

El 31 de mayo próximo se cumplirá un año desde que legisladores de las bancadas del PSC y Creo presentaron una solicitud de juicio político en contra de la exministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, por incumplimiento de funciones.

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