19 de diciembre de 2018 00:00

A pesar de mayorías móviles, 11 leyes en la Asamblea superaron los 100 votos

La asambleísta Nancy Guamba, quien reemplaza a Jorge Yunda, podría ser parte de las filas del correísmo.

La asambleísta Nancy Guamba, quien reemplaza a Jorge Yunda, podría ser parte de las filas del correísmo. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Redacción Política
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En total, 11 leyes -equivalentes al 61% de las iniciativas aprobadas en los últimos ocho meses- obtuvieron más de 100 votos en la Asamblea Nacional, cuando solo requerían de 71 voluntades.

Esta cifra muestra que, a pesar de las mayorías móviles que operan en el Parlamento, ha existido espacio para la negociación y el consenso.

Este escenario es clave, a propósito de la coyuntura electoral, que generó las primeras dos bajas en AP: Jorge Yunda y Ricardo Zambrano renunciaron a sus curules, los reemplazan Nancy Guamba y Lexi Loor Alcívar, quienes ayer fueron anunciadas como parte de los asambleístas del correísmo.

Además, con el anuncio de la subida de precios de las gasolinas extra y ecopaís, Lenín Plaza, uno de los coordinadores de AP, dijo que el tema “no estaba en la agenda” del oficialismo en el Parlamento y advirtió que “esto puede cambiar totalmente la postura de algunos”.

“No respaldaré ninguna medida que atente contra la población, que golpee el bolsillo de los más pobres”, remarcó.

Leyes aprobadas


En la misma línea se pronunció la legisladora oficialista Ana Belén Marín, quien calificó de “poco acertada” el alza de precios de los combustibles. “Hay que verificar bien para quién se está trabajando en el ámbito financiero”.

El bloque de AP cuenta con 41 parlamentarios, por lo que la coordinación entre la Asamblea y el Ejecutivo se torna clave para el oficialismo y su intención de aprobar 48 normas hasta mayo del 2019.

La ministra del Interior y secretaria de la Política encargada, María Paula Romo, ha intensificado sus contactos con los parlamentarios en busca de acuerdos. Lo hizo con la designación de Otto Sonnenholzner
como segundo mandatario, que consiguió el respaldo de 94 legisladores, es decir, 14 más de lo que requería la ley.

A semana seguida, Romo tuvo que intensificar sus contactos por otros dos temas: la Pro forma 2019, que tuvo múltiples reparos por parte de los correístas y de partidos de oposición, que han acorralado al oficialismo, y por las reformas a la Ley de Comunicación.

“Yo espero, en adelante, tener una agenda continua de reuniones con cada una de las bancadas, no solamente con los jefes de bancada, cada vez que sea necesario”, manifestó.

A la par, la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas (AP), anunció que en enero habrá un cambio de coordinadores en la bancada oficialista.

Con ello, Cabezas y el Ejecutivo deberán aumentar los esfuerzos para conseguir los votos que se necesitan, por ejemplo para la expedición, reforma o derogación de las leyes orgánicas, que requieren de la mayoría absoluta -71 votos- de los 137 integrantes de la Asamblea Nacional.

El 24 abril pasado, la Presidenta de la Asamblea y los jefes de las bancadas legislativas consensuaron una agenda de 48 cuerpos legales que debe ser aprobada hasta mayo próximo, cuando la Legislatura cumplirá dos años de funcionamiento.

De ellas, hasta ahora se han aprobado 16, de las cuales 11 tuvieron más de 100 votos: la Ley Amazónica, las reformas a la Ley de Educación Superior, la Ley de Eficiencia de Trámites y la Ley de Incentivo Jubilar.

Para Cristóbal Lloret, coordinador del grupo de los 29 correístas (exAP), y Henry Cucalón, del bloque de 16 asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC), el avance es insuficiente.

Sin embargo, resaltan que se ha legislado a favor del país, al margen de banderas políticas y de polémicas en las que se vio involucrado este año el Parlamento, sacudido por escándalos como cobros indebidos a asesores legislativos.

“Ha habido un avance, pudo haber sido mejor y ha habido otros factores que han imposibilitado que sigan existiendo más leyes”, manifestó Cucalón.
En ese contexto, aludió a la Ley Anticorrupción, de iniciativa legislativa, que el 14 de agosto anterior fue aprobada con 107 votos.

El Ejecutivo la vetó por completo y un mes después envió su propia propuesta de Ley Orgánica Anticorrupción y de Protección al Denunciante, que todavía no tiene un informe de la Comisión de Justicia, encargada de tramitarla.
“Solo lo hizo por cálculo, por pensar que solamente ellos podían combatir la corrupción”, mencionó Cucalón.

Por su lado, Cabezas impulsa un proyecto de Ley de Recuperación de Capitales, cuyo primer debate quedó suspendido para incluir algunas posiciones. El tratamiento de esta norma, que pretende establecer mecanismos para identificar el dinero perdido por la corrupción, recuperarlo y reinvertirlo en proyectos sociales, quedó para el 2019.

La Presidenta de la Asamblea resaltó que en la Agenda Legislativa los asambleístas se propusieron aprobar normas referentes a la economía, producción y desarrollo; sociedad y democracia; y, seguridad
y defensa.

Entre las leyes que ya están vigentes constan: la derogación de la Ley de Plusvalía para impulsar al sector de la construcción y la que permitió establecer el marco legal para la elección de los próximos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio por voto popular.

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