Los asambleístas se presentaron ayer, miércoles 31 de marzo del 2021, sus alegatos vía telemática ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Foto: Twitter / Asamblea Nacional
Con videos y recortes de prensa, Ángel Sinmaleza (Suma) y Pabel Muñoz (RC) sustentaron ante la Comisión de Fiscalización el pedido de juicio político contra el exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, por supuesto incumplimiento de funciones.
Los asambleístas se presentaron ayer, miércoles 31 de marzo del 2021, sus alegatos vía telemática ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, que prevé entregar un informe para resolución del Pleno hasta el 29 de abril, dos semanas antes de terminar el mandato.
Durante sus intervenciones, ambos calificaron de “mentiroso”, entre otros epítetos, a Zevallos, quien ocupó la cartera desde el 21 de marzo de 2020 hasta el 26 de febrero de 2021 cuando renunció y salió del país, en medio de acusaciones de supuesto tráfico de influencias en la aplicación de la vacuna contra el covid-19.
“Evidentemente el Gobierno Nacional no es el responsable de la pandemia, pero sí es el responsable de que la pandemia se haya convertido en una catástrofe por su inoperancia”, enfatizó Muñoz.
El asambleísta del correísmo demandó que la Comisión envíe este caso a resolución del Pleno de la Asamblea. “Y espero yo que de manera unánime hagamos dos cosas: pedirle disculpas al pueblo ecuatoriano por habernos tardado tanto y censurar la negligencia, la inoperancia, la indolencia de él, que es a su vez, la negligencia, la inoperancia, de este Gobierno”, puntualizó.
De su lado, Sinmaleza planteó que la Comisión requiera la comparecencia del propio presidente Lenín Moreno, aunque se trata de algo no previsto en la Constitución sobre los deberes y obligaciones para su investidura.
“Ecuador no merece un Presidente que haya sabido que no existe un plan de vacunación, no merece tener un Presidente enemigo de los profesionales y trabajadores del sector de la salud”, expresó y lo acusó de influir para que vacunen a “privilegiados“.
Los legisladores enumeraron 9 fundamentos para el proceso contra Zevallos:
1. Ausencia de otorgamiento de equipo de protección personal para los profesionales de la salud.
2. Insuficiente adquisición de pruebas para diagnosticar el covid-19.
3. No transparentar cifras de número de muertos en exceso.
4. Extraviar cuerpos de personas fallecidas durante la emergencia sanitaria.
5. Desvinculación de personal de salud en medio de la pandemia.
6. Falta de control sobre las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud Pública.
7. Desabastecimiento de vacunas y medicamentos durante la pandemia.
8. Emisión irregular de carné de discapacidad.
9. Insuficiente adquisición de vacunas contra el covid-19 y alteración del plan de vacunación.
Entre las pruebas, Muñoz mencionó que Ecuador tiene las tasas más altas de letalidad de trabajadores de la salud en América (y que ocupa el octavo lugar detrás de países como Perú).
Aseveró que durante el 2020 el presupuesto del Ministerio de Salud se redujo un 8%, y recordó que incluso el personal de salud se ha pronunciado por falta de equipos de protección.
Sostuvo que Ecuador ha aplicado menos de 5 pruebas para diagnosticar el covid-19 por cada caso confirmado, y que el nivel socioeconómico alto tuvo una cobertura “mucho más alta”.
Acotó que Ecuador es uno de los países con tasas más altas de muertes en excesos en el mundo. Refirió que desde que inició la pandemia, el 12 de marzo de 2021 hasta el 13 de marzo de 2021, se registraron 6 246 muertes en exceso y que el Ministerio registra solo un tercio del total de personas fallecidas durante la pandemia.
Sostuvo que se identificaron por lo menos siete errores en la gestión de la emergencia: emisión tardía de protocolos, 4 versiones del protocolo entre el 21 de marzo y el 1 de abril de 2020; etiquetado frágil de los cadáveres y que 61 de ellos están sin identificar hasta ahora, entre otros.
Concordó con Sinmaleza en que la cobertura de la vacunación es insuficiente, que el plan de vacunación no ha sido transparente ni respetado y que el propio presidente Moreno declaró que no existía un plan estructurado hasta la semana pasada.
Sinmaleza añadió que, durante la gestión de Zevallos, se entregaron más de 3000 carnés de discapacidad de forma fraudulenta “y nunca hizo nada, pese a que fue alertado de estas irregularidades”.
Además, argumentó que Zevallos debía cumplir con la aprobada Ley de Apoyo Humanitario hasta el 22 de diciembre del año 2020, pero hasta esa fecha no se entregó ni un solo nombramiento a los trabajadores y profesionales de la salud.
Zevallos será convocado para que presente sus descargos el 14 de abril.
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