8 de abril de 2021 18:35

La Asamblea aprobó juicio político contra el Ministro de Trabajo, entre discursos electorales

El ministro de Trabajo, Andrés Isch, explicó ayer, 30 de noviembre del 2020, las medidas de compensación. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

El ministro de Trabajo, Andrés Isch, irá a juicio político por supuesto incumplimiento de funciones. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Roger Velez

Con 79 votos a favor, y después de una sesión que tomó cinco horas, el Pleno de la Asamblea resolvió este jueves 8 de abril del 2021 llevar a juicio político al ministro de Trabajo, Andrés Isch, por supuesto incumplimiento de funciones.

Tras esta decisión, en un plazo de cinco días el presidente del Parlamento, César Litardo (AP), deberá realizar una nueva convocatoria, en la que los 137 legisladores decidirán la posible censura y destitución del funcionario, una vez ejerza su defensa.

Además de los 79 votos a favor (más de la mitad provenientes del bloque del correísmo y afines), la resolución obtuvo 10 en contra, 1 blanco y 23 abstenciones. Sin embargo, para la censura se requerirán de las dos terceras partes del Pleno (91 votos).

El procedimiento se dio después de que los integrantes de la Comisión de Fiscalización no lograran entregar un informe recomendando este juicio político al Pleno.

Esta es la primera vez que el Pleno toma una decisión de este tipo, en aplicación al numeral 2 del artículo 83 de la Ley Legislativa que fue reformada en noviembre pasado. Anteriormente, algunos procesos quedaron en el limbo en la Comisión.


Debate

La moción para la interpelación de Isch fue presentada por la asambleísta del correísmo Marcela Holguín, después de un debate del que participaron ocho legisladores de Alianza País (AP), Creo, la Revolución Ciudadana y el PSC.

“Llegó la hora de saber quién está del lado de los trabajadores y quién repite que todo está bien, o quién sostiene que por la deflación que existe, el poder adquisitivo del ciudadano es mucho mayor”, señaló.

Holguín argumentó tres causales para el juicio político contra Isch: la aprobación de un acuerdo ministerial sobre la aplicación de la causal de fuerza mayor para el despido de trabajadores, tras la vigencia de la Ley Humanitaria; la no entrega de información a un observatorio ciudadano en temas de discapacidades; y, no haber incrementado el salario básico unificado para este año.

Sin embargo, las asambleístas Gabriela Larreátegui (Suma) y Mercedes Serrano (PSC) evidenciaron una “debilidad en las causales” y junto con el asambleísta Absalón Campoverde (Creo) atribuyeron el proceso, más bien, a la coyuntura electoral.

De hecho, Mónica Brito, otra de las asambleístas del correísmo, se refirió a la segunda vuelta presidencial, en medio del debate: “Este domingo, con la memoria viva de los trabajadores de la Patria, tendremos la oportunidad de enterrar en las urnas a los responsables del crecimiento acelerado del desempleo y de la precarización laboral. Esa memoria viva del pueblo ecuatoriano que recordará por siempre”, dijo.

Absalón Campoverde (Creo), uno de los integrantes de la Comisión de Fiscalización, aseguró haber recibido presiones para que el proceso vaya al Pleno. “¿Cuál es la desesperación?”, increpó y acusó de “politiquería barata” a quienes argumentan que esta causa tiene que ver con defender a los trabajadores.

“No caigan, ecuatorianos, en el jueguito de los ecuatorianos que nos empobrecieron durante 14 años. Si no, colega Esteban Melo, ¿usted por quién votó cuando el presidente Moreno era candidato? ¿A caso no fueron ustedes los que lo llevaron al poder”, reclamó a uno de los legisladores de la Revolución Ciudadana.

La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, Noralma Zambrano, defendió este proceso. Ella fue la única de la bancada de AP que intervino en el debate. A diferencia de Mercedes Serrano, el socialcristiano Henry Cucalón sostuvo que “lo coherente y lo conveniente” es dar paso a la interpelación.

Sin embargo, la asambleísta Gabriela Larreátegui sostuvo que “si este informe no llegó con recomendación al Pleno de la Asamblea, es justamente por la debilidad de esas causales que han sido puestas en el juicio político”.

“Hay que darse cuenta de lo absurdo de este juicio, que más parece un tema absolutamente político metido como parte de una campaña electoral para beneficiar a un candidato”, puntualizó.

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