18 de diciembre de 2019 23:34

Asamblea aprobó informe de Comisión Multipartidista sobre el paro de octubre

Protestas en el Centro Histórico de Quito el 9 de octubre del 2019. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Protestas en el Centro Histórico de Quito el 9 de octubre del 2019. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Roger Vélez
Redactor (I)

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La bancada de Alianza País (AP) juntó sus votos con el correísmo y parte del bloque de Creo frente al informe presentado por la Comisión Multipartidista que investigó los hechos relacionados al paro de octubre pasado.

Después de casi cuatro horas de debate, con 81 votos a favor de entre 97 asambleístas presentes, el Pleno aprobó la noche de este miércoles una resolución que se compone de nueve artículos.

El texto invoca al diálogo "de manera urgente e impostergable" entre todos los sectores del país y deja en manos de la justicia el establecer responsabilidades de los hechos delictivos que se registraron en medio de las manifestaciones.

"Rechazar todos y cada uno de los actos delictivos cometidos durante las jornadas de protesta, independientemente de quién o quienes los hubieren cometido y del sector o grupo social o político al que pertenezcan sus actores, así como de las razones que las hubieren motivado; actos que deben ser investigados, juzgados, sancionados y reparados en el marco de la Constitución y la Ley", indica en su artículo 7.

Asambleístas independientes también dieron sus votos para aprobar el documento.

No obstante, desde las filas del Partido Social Cristiano (PSC) y Suma, hubo un grupo de 16 legisladores que se abstuvo. Entre ellos, César Rohón, quien formó parte de la Comisión y expresó su disconformidad con el hecho de que en el informe no se determinaran responsabilidades políticas de lo ocurrido.
Rohón insistió en que el Pleno debía "corregir" la parte fundamental del documento, que son las conclusiones . “No puedo aceptar un lenguaje vago, sin precisiones”, manifestó.

El presidente de la Comisión, Fernando Burbano (Badi), y el vicepresidente, Jaime Olivo, de Pachakutik, brazo político de la Conaie, en cambio, defendieron el resultado de la investigación.

Ellos subrayaron que a la mesa no le correspondía juzgar o sentenciar los hechos. La primera conclusión es que “el detonante” de la crisis fue el Decreto 883, con el cual el Ejecutivo intentó suprimir el subsidio a la gasolina.

“No hemos encontrado los argumentos para justificar que hubo un intento de golpe de Estado o una insurgencia” durante las manifestaciones, apuntó Burbano.

Mientras que el correísmo rechazó las alusiones de César Carrión, asambleísta de Creo y coronel retirado de la Policía, y Raúl Tello (Badi), quienes rememoraron algunos actos de represión de las protestas sociales en el anterior Gobierno.

Pabel Muñoz, coordinador del bloque de la Revolución Ciudadana, tras catalogar como "diligente y mesurado" al trabajo de la Comisión, dijo que lo sucedido en octubre no fue una rebelión, sino "la más grande movilización social de los últimos 40 años". En lo que coincidió con Rohón es en reclamar que la Asamblea no se reuniera en esos días críticos para pronunciarse.

El asambleísta independiente y general retirado René Yandún, prefirió no participar de la votación. Ante el hemiciclo expresó que no encuentra respuestas a varias inquietudes tras la investigación.

“¿Funcionó o no el sistema de inteligencia del Estado? ¿Por qué fallaron las políticas del diálogo? ¿Quién financió la movilización indígena? No se dice y no conoce”, increpó Yandún.

Tampoco se sabe, agregó, “¿quién coordinó la infiltración de ciudadanos extranjeros en las protestas? O si ¿Existió o no un acuerdo entre un partido político y los dirigentes del paro?”.

La Comisión pidió autorización del Pleno para encargarse de hacer un seguimiento al informe, durante el plazo de un año.

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