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Asamblea declara improcedente pedido de Corte para enjuiciar a Viviana Bonilla

Viviana Bonilla durante su intervención en la sesión de este martes 2 de abril de 2019 de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Foto: Flickr / Asamblea Nacional del Ecuador

Viviana Bonilla durante su intervención en la sesión de este martes 2 de abril de 2019 de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Foto: Flickr / Asamblea Nacional del Ecuador

Con 73 votos a favor, entre 116 asambleístas presentas, la Asamblea declaró improcedente el pedido de la jueza Daniela Camacho para iniciar un proceso penal contra la legisladora Viviana Bonilla. Foto: Flickr / Asamblea Nacional del Ecuador

La Asamblea declaró improcedente el pedido realizado por Daniela Camacho, jueza nacional de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para procesar penalmente a la legisladora Viviana Bonilla.

La decisión se tomó hoy, miércoles 31 de julio del 2019, con 73 votos a favor de entre 116 asambleístas presentes, con base a una resolución planteada por Raúl Tello, asambleísta del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI).

El argumento fue que Bonilla, en el período 2013 y 2014, que es objeto de la investigación de la justicia, se desempeñaba como Gobernadora de Guayas y no como legisladora.

La causa se relaciona con las denuncias de supuestos aportes ilegales a campañas de Alianza País (AP), movimiento del cual Bonilla se desafilió hace más de un año.

Previo a la votación en el Pleno hubo un debate del que participaron un asambleísta por cada bancada legislativa. Bonilla no acudió al Pleno debido a que actualmente tiene reposo médico.

El correísmo votó en contra. Juan Cárdenas, uno de ellos, insistió en que lo que correspondía era decidir si se autorizaba o no el pedido de la jueza. 

Al cierre de esta edición se debatía un pedido similar que hizo la jueza Camacho para encausar penalmente al expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas por la misma causa.

Son tres delitos los que se investigan: asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho.

El asambleísta independiente Eliseo Azuero planteó que declare improcedente el pedido porque ambos ya no ocupan una función pública.

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