Redacción Política
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A pesar de que la Asamblea dice que fusionará los dos proyectos sobre la ley de Educación Superior, presentados hasta el momento, la polémica se mantiene. El control de las universidades ha enfrentado a los dirigentes de este sector académico y el Gobierno.
La disputa se produce al analizar el proyecto de Ley auspiciado por el Régimen, con la iniciativa que entregó el miércoles el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup).
Las críticas se desprenden de tres factores clave: el concepto de autonomía universitaria, la gratuidad y el libre ingreso.
La propuesta del Régimen, que fue redactada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), se fundamenta en un eje transversal: que la educación superior esté vinculada al desarrollo nacional.
El presidente Rafael Correa es uno de los más críticos del esquema de funcionamiento de las universidades y escuelas politécnicas vigente, pues considera que la universidad ecuatoriana de hoy no está formando los profesionales que requiere el país.
“Para qué necesitamos más abogados, cuando ya no hay campo laboral para todos, mientras el país requiere de nuevas profesiones, principalmente las carreras cortas”, comentó en uno de los enlaces sabatinos.
Por ello el Régimen, a través de la Senplades, propone que la educación superior actúe en coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Sistema Nacional de Ciencias. Ambos espacios son formulados y dirigidos desde el Régimen.
Este es uno de los puntos de tropiezo con los sectores universitarios públicos y privados del país. Ellos consideran que con estos cambios , el Gobierno, como tal, va a asumir el control del pensamiento universitario. Por lo tanto, se vulneraría uno de los principales postulados de la educación superior: la autonomía.
Para Santiago Guarderas, decano de Jurisprudencia de la Universidad Católica, la propuesta de la Senplades busca el sometimiento de las universidades al Régimen. Lo dijo el miércoles, ante la Comisión de Educación de la Asamblea, cuando el Conesup presentó su proyecto de Ley.
El Gobierno lo entiende de otra forma. Considera que la regulación es un elemento fundamental. Para ello, defiende la creación de una nueva estructura que esté por encima del Conesup, además de la Agencia Nacional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación.
Esta propuesta coincide con algunos modelos internacionales que han creado organismos gubernamentales para dirigir las políticas en educación superior.
No obstante, quienes cuestionan esta iniciativa, ven que la anunciada Agencia de Acreditación tendrá en el poder al Gobierno, pues la integrarán tres delegados del Presidente de la República y dos miembros elegidos por un comité asesor. “Así, el Gobierno, va a captar todas las instancias”, sostiene David Almeida, dirigente de la Federación de Estudiantes Politécnicos.
Pese a este panorama, la Comisión de Educación, con mayoría oficialista, insiste en que unirá ambas iniciativas…