El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución para exigir la renuncia de María Alejandra Vicuña al cargo de Vicepresidenta de la República. Foto: Flickr Asamblea Nacional
Sin un debate de por medio, en el Pleno de la Asamblea Nacional se aprobó la noche de este jueves 29 de noviembre del 2018, una resolución con la que se exige la renuncia de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, por las denuncias de supuestos cobros indebidos que afronta.
La moción del asambleísta Fabricio Villamar, de Creo, tuvo el respaldo de 77 legisladores de 102 presentes en el hemiciclo legislativo. Mientras 24 oficialistas se abstuvieron y hubo 1 voto en blanco.
El texto de solo dos artículos será publicado en los diarios de mayor circulación nacional. Se indica que la situación que afronta Vicuña “atenta contra la institucionalidad del Estado“.
La vicepresidenta María Alejandra Vicuña realizó una visita a la central del movimiento ABA, en Guayaquil, este 29 de noviembre del 2018. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO
El tema fue dejado para el final de una maratónica sesión en la que el Pleno debatió la Pro forma presupuestaria del próximo año.
La resolución de la Asamblea es otro de los efectos de los señalamientos en contra de la Vicepresidenta. En horas de la mañana de este jueves, la Fiscalía General del Estado anunció que notificó a la Segunda Mandataria que está dentro de una indagación previa por “supuestos cobros ilegales” a uno de sus asistentes, que laboró con ella entre el 2011 y 2013, cuando era asambleísta del partido Alianza País.
La indagación previa número 195-2018-DRR se abrió formalmente el miércoles 28 de noviembre del 2018 y dentro de ese expediente ya se ordenaron las primeras diligencias. Entre estas, para el 3 de diciembre, a las 10:00, se citó a Ángel Polivio Sagbay Mejía, para que rinda su versión libre y voluntaria en la Fiscalía.
Él es el antiguo colaborador de Vicuña, quien habría declarado en la Notaría Décima Tercera de Quito, que la funcionaria le había solicitado el pago de una aportación obligatoria para el movimiento político Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), a la que pertenece. Y que esos montos, entre 300 y USD 1 400 al mes, los había depositado supuestamente en una cuenta bancaria de la ahora Vicepresidenta de la República.
