El Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidió llamar nuevamente, a una segunda comparecencia, al defensor Público, Ernesto Pazmiño. La razón es un “incumplimiento de la información solicitada”.
El junio pasado, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea pidió al Defensor que argumente y documente sobre cuatro expresiones que hizo sobre el sistema de justicia.
En una de estas expresiones, Pazmiño criticaba las “penas desproporcionadas” que los jueces dictan en ciertos delitos leves y citó como ejemplo los 9 años de cárcel que recibe una persona que roba un celular con violencia frente a los 12 meses de cárcel a los que fue sentenciado, por ejemplo, Vinicio Luna por lavado de dinero.
En ese mes, Pazmiño remitió 230 hojas y un CD con datos que el CAL ahora califica de información incompleta. Así se manifiesta en la resolución tomada el 27 de octubre pasado.
En el documento se resuelve solicitar de nuevo más información y que en un plazo no mayor a 15 días se presente por segunda vez el funcionario para que responda las preguntas de los legisladores. Si en esta ocasión, una mayoría de asambleístas considera que la información es satisfactoria podrá archivar el proceso. Pero si los legisladores creen que no ha fundamentado bien sus expresiones podrán solicitar a la presidenta de la Asamblea el inicio de juicio político.
El defensor ha hecho duros cuestionamientos también sobre la eficiencia de la justicia, pues en su criterio hay muchos presos sentenciados “indebidamente”. Uno de los casos es la sentencia de cuatro años de cárcel para dos indígenas saraguros que hicieron una protesta contra el Gobierno, en Loja. En cambio, autoridades de justicia como Ledy Zúñiga, ministra de Justicia, ha afirmado, sin presentar pruebas, que el Defensor Público tiene intereses políticos.