11 de August de 2009 00:00

La Asamblea decapitada (II)

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Antonio Rodríguez Vicéns

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La lista de violaciones constitucionales y legales, de abusos y arbitrariedades, de atentados a los derechos humanos y de actos de corrupción de la ‘Revolución Ciudadana’, ante el incomprensible silencio de los ciudadanos, es interminable: desde la destitución de los diputados hasta  la compra vergonzante de los ‘suplentes de los manteles’, desde los intocables ‘mandatos constitucionales’ hasta la autoproclamación de la Corte Constitucional, desde los techos voladores de las ‘viviendas populares’ hasta las furgonetas transformadas en ‘ambulancias’, desde los negocios contractuales en el Ministerio del Deporte hasta los contratos millonarios del hermano, desde el incontrolado gasto público hasta…

Cada lector podrá completar a su manera esta lista inconclusa. ¿Qué han hecho los organismos de control? ¿Qué ha hecho la Fiscalía? ¿Qué ha hecho el propio dictador de Carondelet, autoproclamándose paradigma de la honestidad pero alcahueteando el atropello, exigiendo el servilismo, camuflando las irregularidades, ejecutando las violaciones legales, descalificando e insultando a los críticos? ¿Qué hizo la Asamblea? ¿Qué harán los nuevos asambleístas, aparte de apoyar ‘ingenuamente’, en algunos casos, la candidatura corderil, lo que significa también aceptar la sumisión? ¿Creen que, en el marco de la Constitución de Montecristi y con una mayoría oficial, sí podrán fiscalizar?

Veamos. Algunas normas sobre la fiscalización son una burla. La Constitución establece dos trámites diferentes: a) para iniciar el enjuiciamiento político al
Presidente y el Vicepresidente, la Asamblea necesitará “el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional”; y, b) para destituir al Presidente “por arrogarse funciones que no le competan constitucionalmente”, deberá contar con el “previo dictamen favorable de la Corte Constitucional”. Entonces, repito mi pregunta: en las actuales circunstancias, ¿se imagina usted, lector, a los sumisos vocales de la Corte Constitucional autorizando el enjuiciamiento político o una eventual destitución del dictador de Carondelet?
 
En el caso improbable de que se aprobare la destitución, “en un plazo máximo de siete días después de la publicación de la resolución”, el “Consejo Nacional Electoral convocará para una misma fecha a elecciones legislativas y presidenciales anticipadas para el resto de los respectivos períodos”. El juzgador y el juzgado pierden sus cargos. ¿Habrá una mayoría de asambleístas dispuestos a asumir su responsabilidad a cambio de la función que desempeñan? Creo que no. La remota posibilidad de fiscalización quedará reducida al enjuiciamiento de funcionarios de segundo nivel. El principal gestor y responsable de los abusos y atropellos, el inefable dictador de Carondelet, continuará gozando del poder y la impunidad.

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