El Pleno de la Asamblea aprobó con 81 votos la forma de votación del proyecto de reforma constitucional que impulsa el Comité por la Institucionalización Democrática. Foto: Tomada de la cuenta Twitter Asamblea Nacional
El Parlamento cerró este martes 16 de marzo del 2021 el segundo debate del proyecto de reforma constitucional que impulsa el Comité por la Institucionalización Democrática.
Apenas se cerró el debate, con 81 votos, en su mayoría de asambleístas del correísmo y de Alianza País, el Pleno aprobó una moción de Carlos Cambala (AP) para que la aprobación del texto se requiera del apoyo de las dos terceras partes del Pleno (91 legisladores).
El requisito se estableció a pesar de que las reformas a la Ley de la Función Legislativa requerían de una mayoría absoluta, es decir, de 70 votos para el trámite.
El proyecto busca la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), transformar en bicameral a la Asamblea y una mayor autonomía para la Fiscalía.
Si la Asamblea lo aprueba, el proyecto deberá ser sometido a un referendo.
Del segundo debate -que tomó poco más de 6 horas- participaron 17 legisladores de distintas bancadas. Además, cuatro representantes de la sociedad civil, entre académicos y juristas, que fueron recibidos en comisión general.
En la jornada se defendió la facultad de la Función Legislativa para modificar la iniciativa que fue presentada por el Comité, que cuestionó días atrás que no se apruebe tal cual lo presentó hace un año con más de 300 mil firmas de respaldo.
Elizabeth Cabezas (exAP), presidenta de la Comisión de Enmiendas, en su intervención recordó que en los dos debates se realizaron 23 sesiones con aproximadamente 50 comparecientes para el análisis del proyecto de reforma.
El legislador correísta, Juan Cárdenas, afirmó que el pueblo se pronunció porque se mantenga el Cpccs y que sus integrantes sean electos en las urnas. Dijo que eliminar el ente afecta la estructura de la Función de Transparencia y Control Social.
El asambleísta de Chimborazo, Israel Cruz (Suma), en cambio, indicó que una eliminación del Cpccs debe ser luego del pronunciamiento ciudadano en una consulta popular.
Héctor Yépez y Fernando Callejas, de Creo, negaron que se violenten los derechos de participación ciudadana al eliminar al Consejo. Indicó que existen varios espacios para manifestar la voz, entre ellos la propia Asamblea, por lo que cree “que no se necesita” del ente.
Sobre el cambio de diseño de la Asamblea, Homero Castanier (Creo) enfatizó que parar mejorar la calidad del trabajo legislativo y asegurar la integridad de los legisladores no se soluciona con la bicameralidad. “La mejora legislativa se da por la calidad de los representantes que elija el pueblo”.
Durante la jornada se recogieron las observaciones y sugerencias de cuatro ciudadanos. La mayoría coincidió en la negativa de rediseñar la Asamblea para hacerla bicameral.
Santiago Basabe, catedrático de la Flacso, afirmó que es necesario definir los objetivos de tener una Cámara de Senado en la Función Legislativa. “Se busca equilibrar la pasión de la Cámara Baja, con la razón que debe imperar en el Senado”.
Agregó que la Asamblea debe trabajar primero en una reforma integral al Código de la Democracia para limitar el número de organizaciones políticas y luego pensar en el sistema bicameral de la Función Legislativa.
El investigador Giusepe Cabrera, de su parte, solicitó la unificación de las tres circunscripciones electorales en Guayas, Pichincha y Manabí. También que a futuro se debe eliminar a los legisladores suplentes.
Libia Rivas, presidenta del Instituto de Estudios Legislativos, indicó que la Corte Constitucional defendió la facultad de la Asamblea para cambiar un proyecto de reforma que se presente en la Asamblea.
Recordó que que la Corte Constitucional no determinó que un proyecto de reformas constitucionales, de iniciativa ciudadana, no puede ser objeto de modificaciones, cambios o eliminaciones por parte de la Asamblea.
Sobre la bicameralidad, advirtió que la creación de dos cámaras no garantiza la calidad de las leyes, lo que está asociada a la implementación de la evaluación de las leyes, técnica legislativa, herramientas que han sido incorporadas en la Ley de la Función Legislativa.
André Benavides, constitucionalista, sostuvo que la bicameralidad no es adecuada ni soluciona la crisis institucional del país. Agregó que un referendo aprobatorio de la reforma constitucional implica un gasto 60 o USD 70 millones en plena pandemia.