10 de diciembre de 2020 20:32

Asamblea terminó el debate del proyecto de Ley de Extinción de Dominio, entre dudas sobre constitucionalidad

César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional , en la sesión virtual de este 10 de diciembre del 2020. Foto: Captura

César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional , en la sesión virtual de este 10 de diciembre del 2020. Foto: Captura

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Roger Velez

Con la participación de 32 de los 137 asambleístas, el Pleno concluyó este jueves 10 de diciembre de 2020, el segundo debate del proyecto de Ley de Extinción de Dominio para bienes de origen ilícito o injustificado.

Aunque ninguno pidió archivar el texto, la discusión estuvo marcada por dudas de los legisladores sobre la constitucionalidad y alusiones entre los bloques de Creo y la Revolución CIudadana (RC).

César Rohón, coordinador del Partido Social Cristiano (PSC), y René Yandún, demandaron claridad en el texto en términos como la retrospectividad. El bloque de Alianza País (AP) no tuvo una mayor participación, sobre todo sus figuras más visibles.

El presidente del Parlamento, César Litardo (AP), concluyó que el debate permitió evidenciar que ningún legislador está en contra de aprobar la ley, pero que se requiere ajustes para que no sea vetada por inconstitucional.


Yandún recordó que la Constitución estipula que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal o de otra naturaleza.

“¿Qué efecto jurídico produciría esta disposición constitucional en la aplicación del principio de retrospectividad?”, increpó, en referencia a la figura con la que se pretende actuar en casos de corrupción y otros delitos que aún se investigan.

El independiente Héctor Muñoz insistió en que ese término quede “absolutamente claro, sobre todo, para que en su debida aplicación por parte de los operadores de justicia, se elimine cualquier riesgo de abuso”.

El coordinador de Creo, Luis Pachala, añadió que “considerar la presunción de la existencia de un acto ilícito como un elemento de la extinción de dominio es innecesario y contrario a la seguridad jurídica” y propuso ocho ajustes. “El núcleo duro de esta extinción es demostrar que un bien ha sido adquirido ilícitamente”, anotó.

La asambleísta socialista Silvia Salvado concordó en que se deben incorporar garantías en el proyecto, “por ejemplo, respecto a la reparación en caso de presunción falsa”.

Marcela Aguiñaga, de la Revolución Ciudadana, dijo que en el proyecto hay una indeterminación entre materia civil y penal, lo que convierte a esta propuesta “en una bomba de tiempo que en manos equivocadas puede causar una vulneración flagrante de derechos y garantías”.

“Este es el dilema que nos plantea este proyecto de Ley, puesto que cuando nos topamos con operadores de justicia poco probos y cuya actuación se debe muchas veces a la coyuntura política o mediática, esto podría traer consecuencias indudablemente graves para la sociedad ecuatoriana”, apuntó.

César Rohón y otros asambleístas del PSC como Javier Cadena señalaron que la Constitución prohíbe las preasignaciones, por lo que cuestionaron la creación de un fondo con los bienes producto de la extinción de dominio, en lugar de que vayan al fisco.

“Aquí hay una grave confusión, una mezcla de cosas y esto tiene que quedar perfectamente claro”, dijo Rohón.

Cristóbal Lloret y Juan Cárdenas, también de la Revolución Ciudadana, rechazaron las acusaciones de corrupción contra el anterior Gobierno.

César Carrión, asambleísta de Creo, manifestó que desde marzo pasado tramita una denuncia en la Fiscalía sobre el Decreto Ejecutivo 1073 emitido en 2016 por el expresidente Rafael Correa. Sostuvo que ese instrumento “permitió legalizar patrimonios dudosos por un valor de USD 4 mil millones”.

A diferencia de otros proyectos, tras el cierre del debate, el texto no fue a votación sino que el ponente, Raúl Tello (IND), dijo que se pulirá el texto en la Comisión de Derechos Colectivos.

La asambleísta Elizabeth Cabezas pidió que en el documento se incorpore parte de su propuesta sobre el proyecto de Ley de Recuperación de Capitales, que aguarda por un informe para segundo debate.

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